Crespo admite su responsabilidad en las empresas de Correa, pero niega todas las acusaciones

El presunto número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, no ha reconocido este lunes las acusaciones en su contra a pesar de admitir que era "el responsable de las compañías" del cabecilla de la red, Francisco Correa.

"¿Reconoce usted las acusaciones en su contra?", ha preguntado la fiscal Concepción Sabadell a lo que Crespo ha contestado: "No, en absoluto". "Era público y notorio que las sociedades eran del señor Correa", ha concretado poco después.

Durante su primer día de declaración ante el tribunal encargado de juzgar la primera época de actividades de la red, ha explicado que desde 1994 prestó sus servicios para el PP, primero en un puesto técnico y después como secretario de Organización del partido en Galicia.

Crespo se ha sentado en la silla asignada a los acusados acompañado de abundante documentación --varias carpetas y cuadernos que ha colocado en una mesa situada frente a él-- y ha detallado, a preguntas de la fiscal Concepción Sabadell, su formación. "Tengo COU y primero de Derecho", ha dicho.

Además, ha asegurado que no reconoce las declaraciones prestadas ante la Policía, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y el instructor de la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

RUBALCABA PREPARABA UNA OPERACIÓN CONTRA EL PP

Crespo ha asegurado ante el tribunal que en 2008 alguien le avisó de que el exministro del Interior socialista Alfredo Pérez Rubalcaba preparaba con "policías amigos" una operación contra el PP.

Según ha explicado el exsecretario de Organización del PP gallego, "una persona que no viene al caso" le alertó entonces de que, desde el despacho de Rubalcaba y con la colaboración posterior de su sucesor Antonio Camacho, se impulsaba una investigación sobre la formación 'popular'.

"En ese asunto estaba Correa por su relación con el yerno del señor Aznar", ha afirmado y concretado que tuvo conocimiento de este hecho en noviembre de ese año.

LA FISCALIA SOLICITA 85 AÑOS DE PRISIÓN

Crespo ha comenzado a declarar este lunes después de que el líder del entramado societario en cuestión le exculpase durante su interrogatorio de cualquier irregularidad cometida y destacase que es "oro molido".

La Fiscalía constata en su escrito provisional de acusación que Crespo ejercía de "forma permanente" desde el año 2002, y de "manera esporádica y puntual" anteriormente, la gestión de las actividades empresariales de Correa --con el que, según el Ministerio Público, trató de enriquecerse ilícitamente a través adjudicaciones públicas contando con la colaboración de cargos públicos-- y supervisión de la actuación de otros acusados del denominado 'Grupo Correa': el contable José Luis Izquierdo, la administradora Felisa Isabel Jordán, el exvocal del PP en la Junta del distrito madrileño de Moncloa Javier Nombela y la empleada Alicia Mínguez.

Este escrito explica que Crespo ayudó al presunto 'cabecilla' de la red a crear una trama de confección de facturas falsas con una "triple finalidad": sobornar a cargos públicos mediante la generación de una 'caja B' --se emitían facturas falsas con importes "inflados" o reflejando servicios realizados inexistentes--; reducir la Base Imponible en las declaraciones a Hacienda de distintas sociedades simulando gastos irreales y ocultando los fondos recibidos; y, encubrir al verdadero titular de los fondos, su origen y destino.

Dentro del entramado societario de Correa, las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás señalan que Crespo gestionaba y administraba alguna de las empresas más importantes de esta telaraña empresarial como Boomerangdrive o Rialgreen, siempre con la colaboración del presunto cerebro financiero de la 'Gürtel', Luis de Miguel, con el que constituyó Orange Market. También administró junto a Izquierdo, y bajo la supervisión de Correa, Pasadena Viajes, Special Events, TCM y Down Town.

Por todo ello, la Fiscalía solicita para el excargo 'popular' 85 años y 6 meses de prisión por los delitos de asociación ilícita, fraude a las Administraciones Públicas, cohecho activo, falsedad, malversación de caudales públicos, malversación en concurso con delito de prevaricación, delito contra la Hacienda Pública por el concepto de IRPF de 2003 y 2004, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y fraude y exacciones ilegales a las Administraciones.