El Gobierno cierra filas en torno a Trillo y defienden que recupere su plaza en el Consejo de Estado

Tras conocerse el dictamen del Consejo de Estado, en el que ha reconocido oficialmente que el Ministerio de Defensa –dirigido entonces por Federico Trillo-- es culpable del accidente del Yak-42, diferentes voces han exigido el cese inmediato del exministro como embajador en el Reino Unido.

Poco después, el Gobierno cedió a la presión e incluyó su cese en el grueso de una serie de cambios entre los diplomáticos españoles. Trillo confirmaba entonces su intención de recuperar su plaza de funcionario en –paradójicamente—el Consejo de Estado. 

La lluvia de críticas se topan de frente con el cierre de filas en el Gobierno y en su defensa de Trillo. Así, el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha defendido este lunes que Trillo pueda recuperar su plaza de funcionario.

Según Maillo, es su derecho, y se ha preguntado si acaso hay que mandarlo al exilio: "¿Qué tenemos que hacer con Trillo, sacarlo de España y mandarlo a la isla Perejil? ¿Exiliarlo?".

Maillo se ha preguntado si es "un escándalo" que un funcionario que ganó su plaza por oposición vuelva a ella. "¿Por qué no va a poder volver? Es sorprendente", ha lamentado, añadiendo que el exministro "es una persona que tiene todos sus derechos como ciudadano y como funcionario público" y por tanto "tiene todo el derecho del mundo a volver a su antigua plaza".

ZOIDO DEFIENDE QUE TRILLO VUELVA AL CONSEJO DE ESTADO

Por su parte, el ministro el Interior, Juan Ignacio Zoido, ha salido también en defensa Trillo y ha justificado que pueda volver a su puesto como funcionario del Consejo de Estado.

Zoido ha destacado la "celeridad" con la que la actual ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha convocado a las asociaciones de víctimas del Yak-42, además de anunciar que dará explicaciones sobre esta cuestión en el Congreso de los Diputados.

"Hasta donde yo sé, el dictamen del Consejo de Estado viene a contestar a reclamaciones de las asociación de víctimas", ha señalado Zoido, que ha hablado del Yak-42 como un "tema resuelto en vía judicial" responsabilizando a los pilotos, y no al Gobierno, del accidente en el que fallecieron 62 militares españoles. "No hay nada nuevo", ha enfatizado al respecto.

Zoido ha enclavado el cese de Trillo como embajador en el plan de renovación de 71 delegaciones en el exterior, apoyando su "reingreso en su plaza como funcionario en el Consejo de Estado". 

"No tiene ninguna responsabilidad penal", ha insistido antes de pedir que no se "extralimite la responsabilidad" del exministro de Defensa "por el hecho de que el dolor siga existiendo en la cabeza y el corazón de esas familias".

CATALÁ DESCARTA QUE TRILLO DEBA PEDIR PERDÓN

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha señalado que el exministro de Defensa no tienen que pedir perdón por el accidente del Yak-42, porque no quedó acreditado judicialmente que tuvieran responsabilidad en el mismo.

Así se ha expresado Catalá antes de participar en unas jornadas de Compliance Officers en las que ha expresado que la responsabilidad sobre este asunto la tiene que establecer quien tenga competencias para ello si bien esto no implica que el Ejecutivo siga mostrando cercanía con las víctimas, en este caso con los familiares de los militares fallecidos en el accidente.

"El concepto de perdón va asociado a la responsabilidad, a la culpa y en este caso judicialmente tanto en vía civil como penal no se han acreditado responsabilidades por parte del gobierno de entonces, ni el ministro de entonces; sin abandonar nunca la cercanía a las víctimas, nuestro afecto y ayuda que nos ha caracterizado durante toda la legislatura", ha subrayado.

Además ha dicho que no cree que el Gobierno ni el Partido Popular hayan eludido "nunca" su compromiso con las víctimas motivo por el cual, ha añadido, se aprobó el Estatuto de la Víctima en 2005.

"Nuestra cercanía a los que han sufrido la pérdidas de familiares y personas queridas en este caso es absoluta y si la causa del accidente hubiera sido una mala actuación de la administración por supuesto que hay que asumirla", ha sentenciado una semana después de conocerse el dictamen del Consejo de Estado que señaló al Ministerio de Defensa como responsable de lo ocurrido en mayo de 2003.