domingo, 17 de diciembre de 2017 03:33
Politica

Cataluña es la comunidad con más casos de corrupción de España

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Los tribunales españoles abrieron juicio por delitos contra la corrupción contra 1.378 personas implicadas en un total de 166 casos entre julio de 2015 y el pasado mes de septiembre, y Cataluña es la comunidad con más personas juzgadas por este motivo, con 303.


Asó lo apunta un novedoso depósito de datos presentado este jueves por el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, que busca dar a conocer a los ciudadanos la acción judicial contra este fenómeno, que ha calificado de "lacra criminal".


De los 99 procedimientos que finalizaron en España con sentencia en ese periodo, el 72,7 por ciento lo fue con una resolución condenatoria y las sentencias que han adquirido firmeza en estos cinco trimestres han supuesto la condena por delitos de corrupción de 399 personas.


En el acto estuvieron presentes la práctica totalidad de presidentes de tribunales superiores de justicia de España, representantes de los letrados de la administración de justicia, procuradores, magistrados, fiscales y vocales de este órgano, ante quienes Lesmes y la vocal Mar Cabrejas explicaron este nuevo instrumento, que se actualizará cada trimestre y que podrá ser consultada en la web de este órgano 'poderjudicial.es'.


DELITOS DE CORRUPCIÓN


Antes de llegar aquí, tal y como ha explicado Lesmes, el órgano de gobierno de los jueces tuvo que limitar qué delitos entendería que son corrupción, siendo los más frecuentes los de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística y malversación, organizar los datos y crear esta base cuyo principal objetivo es recuperar la confianza del ciudadano en la justicia.


De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se recogen en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.


Se trata de información estadística que pretende ofrecer una "foto fija" de la corrupción pública en España por lo que los datos ofrecidos por el CGPJ no incluyen ni los casos ni las personas que fueron procesadas con anterioridad al inicio de este estudio. Los datos se incluyen desde el 1 de julio de 2015, fecha en la que entró en vigor la adenda a los boletines estadísticos que cumplimentan los letrados de la Administración de Justicia de cada órgano judicial


CATALUÑA, LA MÁS CORRUPTA


Por comunidades autónomas, las que recogen mayor número de personas incursas en causas de corrupción son Cataluña -303 personas- lo que duplica el número de encausados del territorio que le sigue en este 'ranking', que es Andalucía -153 procesados- .


Les sigue Madrid -145-, Canarias -105-, y Cantabria -100-. Comunidades con casos de corrupción más mediáticos, como Valencia -51- o Galicia -20-, registran un menor número de implicados debido quizá a que los autos de procesamiento de estos procedimientos no entran en el periodo estudiado.


Por ello en la estadística tampoco aparece ningún aforado afectado por corrupción ante el Supremo -la estadística ha dejado fuera por fechas al exconsejero Franscec Homs- y en la Audiencia Nacional los imputados por corrupción 272.


Por número de procedimientos lidera el ranking Andalucía (21 procesos), y le siguen Valencia (20) , Cataluña (27) y Castilla-La Mancha (15) . La Audiencia Nacional mantiene abiertos 11 procedimientos por corrupción en el mismo periodo.


Para Lesmes, la gravedad de la corrupción no sólo está en el hecho delictivo, "sino en la seria amenaza que representa para los principios de la democracia, ya que socava la credibilidad de las instituciones y afecta a la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes".


El presidente del Poder Judicial ha añadido que "los jueces españoles están demostrando compromiso público constante en esta lucha. Nuestros jueces y magistrados están cumpliendo con su misión, y no siempre en condiciones fáciles". Se refería con ello a la existencia de " veladas acusaciones de falta de imparcialidad", frente a las cuales está "la realidad", porque "el Poder Judicial se limita a actuar en cada caso concreto".


Esta fuente de información, con ello el Poder Judicial quiere hacer patenta su compromiso frente a la corrupción, cumpliendo un compromiso adquirido al inicio del actual mandato del CGPJ en 2014. Así se comprometió Lesmes en su comparecencia en el Congreso de los Diputados.


Para Cabrejas el trabajo realizado "ofrece una visión clara del Poder Judicial como independiente e imparcial" si bien aún es pronto -ya que sólo se cuenta con datos pertenecientes a cinco trimestres- para realizar un análisis de la evolución de este fenómeno. La finalidad del CGPJ es traducir la labor de todos los operadores jurídicos en datos concretos.


Además de esta información, la web del CGPJ ofrece la del Registro Central de Penados, dependiente del Ministerio de Justicia, sobre condenados por sentencia firme por delitos de corrupción; y la de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarios del Ministerio del Interior y la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña sobre las personas -tanto penados como en situación de prisión preventiva- sometidas a régimen penitenciario por este tipo de delitos.


Del total de acusados, 1.060 eran hombres -el 77 por ciento- y 318 mujeres. La base de datos -que permite consultas de manera global para toda España o de manera detallada en el ámbito de cada Comunidad Autónoma- ofrece también información sobre la nacionalidad de los implicados: 1.174 eran españoles, 34 de Estados miembros de la Unión Europea y 170 extracomunitarios.


POBLACIÓN RECLUSA


Por último, el repositorio ofrece los datos procedentes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, y de la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña sobre población reclusa.


En este caso, la información se refiere a las personas sometidas a régimen penitenciario -como penados o en situación de prisión preventiva- tomando en consideración el delito principal por el que han sido condenados o acusados. A 1 de enero de este año había en el conjunto de España 82 penados -en 47 casos, con el de malversación como delito principal y en otros 25 con el de cohecho- y cinco preventivos.


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