El caso Nóos se retrasa ya que las magistradas estudian una a una "las falsas facturas"

Ya queda menos para conocer el fallo del caso Nóos. El plazo que exonera a la magistrada ponente del caso, Samanta Romero, del reparto de otras causas que llegan a la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca vencerá en marzo. Cuando apenas queda un mes para conocerse la sentencia más esperada, Romero junto a las otras dos integrantes del tribunal, Eleonor Moyà y Rocío Martín, podrían estar perfilando los últimos detalles del fallo.

El retraso en dictar sentenciase debe a que las tres magistradas examinan “una a una las facturas falsas del Instituto Nóos”. Fuentes del caso aseguran que las acusaciones contra el ex duque de Palma “no están tan claras y han provocado el retraso del fallo”. En este contexto, juega un papel clave la cantidad total defraudada por el exduque de Palma y su exsocio Diego Torres.

El fiscal Pedro Horrach solicitaba para Urdangarin 19 años y medio de prisión por supuestos delitos de malversación, prevaricación, falsedad en documento publico y mercantil, fraude a la administración, estafa, dos delitos contra la Hacienda pública y blanqueo de capitales.

Para concretar los presuntos delitos cometidos por Urdangarin, las 3 magistradas han tenido que enfrentarse a dos cuestiones claves: “El análisis de las facturas falsas de los actos organizados por el Instituto Nóos” y “La Ley de Contrato de la Administración Pública”.

Aunque en la causa fueron juzgadas 18 personas, entre ellas el ex presidente balear Jaume Matas, el foco mediático y la opinión pública se centra en las decisiones judiciales que afecten a la infanta Cristina y a su esposo, Iñaki Urdangarin. 

ANTECEDENTES DEL CASO

Urdangarin y Torres crearon una trama empresarial "sin ánimo de lucro" que se habría beneficiado de unos 6 millones de fondos públicos. De esta forma, habrían logrado unos 3,5 millones de las administraciones públicas valencianas, 2,5 millones del Gobierno balear y 114.000 euros en donaciones del Ayuntamiento de Madrid.

El análisis de las facturas de los congresos y actos organizados por Urdangarin se ha convertido en un asunto capital para ponderar su posible pena de prisión. Las magistradas han tenido que concretar euro por euro y factura a factura “qué cantidad del dinero presentado en las facturas se gastó en realidad” y qué montante se habrían “embolsado de forma fraudulenta” los organizadores a posteriori.

Urdangarin está siendo investigado también por la “Ley de Contratos de Administración Pública”, que se tradujo en el uso fraudulento de convenios de colaboración y que si se consigue acreditar sólidamente sostendría algunos de los delitos más graves. Nóos resultó adjudicatario de fondos públicos eludiendo de forma ilícita la aplicación de la citada Ley.