​El juez del caso Púnica atribuye tres delitos al presidente de Murcia

El instructor del caso 'Púnica', el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, ha dictado un auto en el que conforma la pieza relativa a las actividades de la trama en Murcia y atribuye la posible comisión de los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y otras cinco conductas presuntamente delictivas a la senadora del PP Pilar Barreiro.

En un auto dado a conocer este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acuerda la formación de la pieza III de la "Operación Púnica" relativa a las supuestas irregularidades en Murcia y dirige el procedimiento contra 22 personas.

La presunta actividad criminal del presidente murciano, sería por supuestamente concertarse en la primavera de 2014 con empresas de Alejandro de Pedro para amañar contratos de formación en la Consejería de Educación de la que era el principal responsable con el fin de realizar, en realidad, trabajos particulares de reputación en Internet y redes sociales para reformar su imagen de cara a su postulación como presidente de Murcia. El coste total de los trabajos habría alcanzado los 32.200 euros si bien no llegó a ejecutarse tras estallar el caso.

En el caso de Barreiro, quien fue en su día alcaldesa de Cartagena, el juez le atribuye los delitos fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada por igualmente concertarse con empresas de De Pedro para amañar futuras adjudicaciones en contratos públicos de formación de la Consejería de Educación, así como por presuntamente sufragar con dinero público previsto para campañas de publicidad de turismo en Cartagena trabajos particulares como la creación de un diario digital en esa ciudad que emitiera informaciones favorables, así como los honorarios de un periodista.

Respecto de ambos, el juez señala que al tratarse de una senadora -cuyo enjuiciamiento correspondería al Tribunal Supremo- y del presidente de la Región de Murcia -competencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia debe recabarse por el conducto oficial, tanto del Senado como de la Comunidad de Murcia, "su calidad de tales al objeto, en su caso, de elevar a los respectivos órganos judiciales competentes, la oportuna exposición razonada".

OTRAS 20 PERSONAS INVESTIGADAS

Además de contra Pedro Antonio Sánchez y Pilar Barreriro, el juez dirige el procedimiento contra otras 20 personas, entre ellas Alejandro de Pedro, el ex consejero de Industria de Murcia Juan Carlos Ruiz López, el ex alcalde de Molina de Segura Eduardo Contreras y dos exdirectoras generales, entre otras autoridades y funcionarios.

El juez considera los hechos constitutivos de los delitos de cohecho, fraude, revelación de información reservada, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento y pertenencia a organización criminal. El magistrado, que individualiza en el auto los delitos que atribuye a cada uno, también dirige el procedimiento contra 4 empresas que presuntamente participaron en los hechos: Madiva Editorial y Publicidad, Duravit & Marset Group, Mistral Inversiones y la marca comercial Linkatic.

ANTICORRUPCIÓN SE OPONE

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado este lunes un informe ante el instructor en la que se opone a la elevación por éste de una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia para investigar la posible comisión de fraude, cohecho y revelación de información reservada por parte presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en relación con contratos para mejorar su reputación 'on line'. Considera que no hubo perjuicio alguno para las arcas públicas porque los contratos con la trama no llegaron a formalizarse.

Distinta valoración merece la conducta de la otra aforada incluida por Velasco en el auto por el que conforma la pieza relativa a las actividades de la trama en Murcia, la senadora y ex alcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro. Considera que en este caso sí se debe elevar la investigación sobre la conducta de la senadora al Tribunal Supremo por considerarla indiciariamente constitutiva de delitos de falsedad, prevaricación y malversación de caudales públicos.

Anticorrupción no encuentra sin embargo indicios de que Barreiro haya incurrido en otros dos delitos que sí le imputa el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, que son el de fraude y el de elevación de información reservada.

El informe de la Fiscalía incide en que la cuestión, en ambas solicitudes, gira en torno a la presunta prestación de servicios de publicidad personal encubierta realizada con el propósito de conseguir la adjudicación de contratos públicos de cobertura que pagarían los auténticos servicios particulares de buena reputación a los políticos con fondos públicos.

EL PRESIDENTE SE DEFIENDE

El presidente del Gobierno regional, Pedro Antonio Sánchez, ha negado de forma tajante este lunes su participación en la trama Púnica, ya que "no se puede condenar ni demostrar lo que nunca existió".

"Este asunto supuestamente habla que pudo acordarse un contrato de alrededor de 30.000 euros para hacer supuestos trabajos de reputación online", ha explicado Sánchez, quien ha vuelto a insistir en que "no hay nada de eso, nunca lo hubo, y así lo hemos demostrado con más de una decena de certificaciones oficiales que acreditan que nunca se firmó, se acordó, se pactó, nunca se pagó, nunca se aceptó un presupuesto, ni se pidió una oferta ni a esta ni a cualquier otra empresa".

Preguntado sobre se si mantendrá al frente de la Presidencia de la Comunidad de Murcia con las dos causas judiciales que presuntamente se le atribuyen, la del auditorio de Puerto Lumbreras cuando era alcalde de dicha localidad y la trama Púnica, ha respondido que colaborará "para que todo se aclare cuanto antes, es lo más serio, responsable y riguroso; y no envolverme en hipótesis".