La huelga en los puertos sigue en pie con las conversaciones rotas

Los sindicatos de estibadores irán hacia adelante con la huelga convocada en los puertos para la próxima semana, los días 20, 22 y 24 de febrero, y avisan de la convocatoria de nuevos paros, toda vez que este martes quedó rota la negociación con el Ministerio de Fomento sobre la reforma del sector que el Consejo de Ministros aprobará este viernes sin consenso con el sector.

"No tenemos otra salida que movilizarnos", aseguró Antolín Goya, el coordinador de la Coordinadora de Trabajadores del Mar, el principal sindicato del sector, al término del encuentro con Fomento de este martes, de apenas una hora de duración.

"Si el viernes se aprueba la reforma, nos obligarán a plantear otros preavisos de huelga. ¿Qué otra cosa podemos hacer?, ¿Esperar en casa a que nos llegue la carta de despido?, declaró Goya, quien aseguró hablar también en nombre del resto de sindicatos del sector (CC.OO.,UGT y CGT).

El representante sindical achacó la imposibilidad de alcanzar un acuerdo a la "postura cerrada" de Fomento, a la "incapacidad del Ministerio de moverse de su posición inicial". "Parece que ha pretendido simular un proceso de negociación, más que una negociación real", denunció, tras asegurar que los sindicatos acudieron al encuentro con "alternativas, disposición y capacidad de negociar".

De su lado, el secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Julio Gómez-Pomar, aseguró que los representantes de los trabajadores "no tienen ningún interés en negociar lo que no sea la articulación de un registro de trabajadores".

Así, el 'número dos' de Fomento también dio por rota la negociación, al ratificar que la reforma del sector se aprobará mediante un Real Decreto Ley en el Consejo de Ministros de este viernes y al emplazar a una posterior negociación colectiva entre empresas y sindicatos los puntos que ambos tienen de desacuerdo sobre la reforma.

El secretario de Estado cerró asimismo la puerta a cualquier nuevo intento de negociación al asegurar que "esta misma mañana" firmará la carta de servicios mínimos para la huelga ya convocada, la de la próxima semana, con el fin de "garantizar el funcionamiento de los puertos durante esos días".

De esta forma, el fracaso de la reunión de este martes ha enconado el conflicto del sector de la estiba, un sector clave para el funcionamiento de los puertos y, por consiguiente, para el conjunto de la economía, dado que las instalaciones portuarias canalizan el 86% de las exportaciones y el 60% de las importaciones del país y son fundamentales para muchas empresas.

EL REGISTRO DE ESTIBADORES, PRINCIPAL ESCOLLO

En el encuentro de este martes se constataron así las posturas totalmente enfrentadas que mantienen las partes, dado que no se pudo solventar el que, desde el principio, ha supuesto el principal escollo de la negociación, la referida articulación de un registro de estibadores.

Se trata de la principal reivindicación sindical, dado que lo contempla como una vía para garantizar sus empleos y sus condiciones laborales. No obstante, es una de las "líneas rojas" de Fomento, al asegurar que lo "rechaza totalmente" la Comisión Europea, quien, en último término, tiene que avalar la reforma para que España evite una multa del Tribunal de Justicia de la UE.

El 'número dos' de Fomento reiteró que la UE ha rechazado "una y otra vez" las demandas de los sindicatos. Por contra, asegura que la Comisión Europea ya ha dado al visto bueno al texto de la reforma que Fomento llevará el viernes al Consejo de Ministros, y que incluso ha asegurado que suspenderán el proceso sancionador en cuanto se apruebe en esos mismos términos.

De su lado, los estibadores mantienen que su reivindicación de lograr que se garantice la formación y los empleos de los estibadores no es contraria al derecho europeo. Al respecto, Goya aseguró haber acudido a la reunión con propuestas y alternativas al respecto del registro, pero indicó que "independientemente del nombre o la forma que se le dé", es preciso garantizar el empleo del sector.

Por el momento, los estibadores consideran "absolutamente inadmisible" el texto actual, al considerar que "supone un despido masivo de trabajadores subvencionado con fondos públicos".

En virtud de su reforma, Fomento articula un periodo de tres años para que desaparezcan las actuales sociedades de servicios portuarios, las Sagep, firmas de las que actualmente dependen el colectivo de 6.150 estibadores que trabajan en los puertos y que controlan y monopoliza su contratación por las empresas que los necesitan.