La juez Núñez Bolaños levanta la fianza civil de 4,2 millones impuesta a Griñán por los ERE

La juez María Núñez Bolaños ha archivado las piezas de responsabilidad civil abiertas como garantía cautelar contra los 26 exaltos cargos investigados en la pieza separada del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en el caso de los ERE fraudulentos, levantando de este modo la fianza civil de 4.214.702 euros impuesta al expresidente de la Junta José Antonio Griñán.

En 26 autos distintos, la instructora archiva las piezas de responsabilidad civil abiertas contra los 26 exaltos cargos investigados después de que la acusación particular que ejerce la Junta, que solicitó el archivo de esta pieza separada, haya manifestado en un escrito que "se reserva expresamente la acción civil para ejercitarla ante la jurisdicción competente, una vez finalizado el juicio penal, si a ello hubiere lugar".

En el auto donde abrió juicio oral contra los expresidentes Manuel Chaves --a quien no se llegó a imponer fianza civil-- y José Antonio Griñán y otros 24 exaltos cargos, el entonces juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Álvaro Martín, requirió a Griñán y a la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo para que prestaran una fianza de 4.214.702 euros; al exconsejero de Empleo José Antonio Viera para que lo hiciera en la cantidad de 6.229.108 euros, y al exconsejero de Innovación Francisco Vallejo le pidió una fianza de 3.763.332 euros.

El juez Álvaro Martín, que les apercibió de que, en caso de no hacer frente a dichas fianzas en el plazo de 30 días, se procedería a decretar el embargo de bienes, impuso posteriormente --mediante auto de 21 de diciembre-- una fianza de responsabilidad civil de 1.975.534 euros al exdirector general de la agencia IDEA Jacinto Cañete, mientras que el exconsejero de Empleo Antonio Fernández tenía una fianza civil de 807 millones y el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero de 686 millones.

La instructora explica en los autos que el ejercicio de la acción civil junto con la penal está previsto en los artículos 108 y 110 a 112 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, preceptos que "contemplan el ejercicio conjunto de ambas acciones en el marco del proceso penal, y sólo en el caso de que el perjudicado opte por reservarse la acción civil para su ejercicio en el correspondiente proceso en esa jurisdicción será posible una separación de las dos acciones".

RENUNCIA O RESERVA DE LA ACCIÓN CIVIL

Al hilo de ello, argumenta que corresponde a la Fiscalía "el ejercicio en el seno del proceso penal de las acciones de contenido punitivo y el ejercicio de las acciones civiles derivadas de la infracción penal en beneficio del perjudicado o perjudicados, salvo que éste o éstos las hubieren renunciado o reservado para ejercitarlas ante la jurisdicción civil".

"Aunque los perjudicados por la infracción penal no se muestren como parte en la causa penal, no por ello ha de entenderse que renuncian a las indemnizaciones que puedan corresponderles, que deberán ser ejercitadas por el Ministerio Fiscal en beneficio de aquellos", subraya la juez, que en este sentido recuerda que el artículo 111 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal "otorga al perjudicado la posibilidad de hacer reserva de las acciones civiles en el proceso penal para ejercitarlas posteriormente ante la jurisdicción civil".

Al hilo, pone de manifiesto que, "ejercitada en el proceso penal sólo la acción penal, conforme al artículo 112 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se entenderá ejercitada también la acción civil, a no ser que el perjudicado la renuncie o reserve expresamente para ejercitarla después de terminado el proceso penal", por lo que "queda claro que en nuestro ordenamiento jurídico, el proceso criminal tiene por objeto no sólo la acción penal sino también la civil para la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios, salvo renuncia o reserva expresa de los perjudicados por el hecho punible".

PERJUDICADA

La juez recuerda en este punto que la Junta, como perjudicada, ejercitó como acusación particular la acción penal, "y en consecuencia se entendía ejercitada también la acción civil", añadiendo que una vez "manifestada su postura procesal de no ejercicio de la acción penal", la Junta "debía aclarar su posición en el ejercicio de la acción civil y si conforme a lo previsto" en el artículo 112 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal "renunciaba o se reservaba el derecho a ejercitarla después de terminado el proceso penal".

Según añade, en este supuesto, como así ha ocurrido en la pieza 'política' de los ERE, "no cabe el ejercicio de la acción civil por el Ministerio Público ni por supuesto por otra acusación distinta al perjudicado".

Al hilo, explica que, una vez abierta pieza de responsabilidad civil "exclusiva" en la pieza 'política' de los ERE "con el objetivo de garantizar cautelarmente la posible responsabilidad civil exdelito, hecha reserva del ejercicio civil" por parte de la Junta "procede el archivo de la misma".

Todo ello, añade, "sin perjuicio de su mantenimiento para garantizar la responsabilidad civil derivada de los hechos investigados en otras piezas si ello fuera procedente, es decir si el investigado lo fuera también" en la causa matriz de los ERE o en otras de las piezas separadas en que se ha dividido el procedimiento.

ELEVA A LA AUDIENCIA DE SEVILLA LA CAUSA CONTRA CHAVES Y GRIÑÁN

La juez María Núñez Bolaños ha elevado en la mañana de este jueves a la Audiencia Provincial de Sevilla la pieza 'política' del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, que afecta a los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros 24 exaltos cargos, entre ellos seis exconsejeros.

Así, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla ha explicado a un grupo de periodistas que se ha remitido la causa a la Audiencia en formato digital y con un índice de 57 páginas a través del cual se podrá acceder fácilmente a cualquier diligencia o actuación de esta causa, cuya instrucción comenzó la juez Mercedes Alaya en enero de 2011.

Una vez se turne a la Sección correspondiente encargada de enjuiciar el procedimiento se mandará en formato papel.

La causa se compone de 11 CD que incluyen 38 tomos y las declaraciones prestadas a lo largo del procedimiento, en total 14.276 folios, a lo que hay que sumar un total de siete tomos anexos que incluyen fundamentalmente documentación relativa a la causa especial seguida contra los aforados en el Tribunal Supremo.

NÚÑEZ: "VOY EN MI TIEMPO"

La juez, que ha agradecido el trabajo desarrollado por los funcionarios asignados a esta causa, ha asegurado que la causa se ha enviado sin ningún tipo de retraso a la Audiencia. "Voy en mi tiempo", ha manifestado.

La magistrada, al remitir la causa en formato digital, ha defendido que "tenemos que estar por modernizarnos y tender al 'papel cero' y a las nuevas tecnologías", señalando en este sentido que "hay cierta resistencia al cambio".

Preguntada por la fecha en que podría celebrarse el juicio, la juez ha vaticinado que podría celebrarse a lo largo del presente año 2017 a través del desdoble de la Sala a la que le toque enjuiciar la causa, aunque ha indicado que, no sólo se trata de contar con medios personales, sino también con medios físicos y una Sala con el suficiente espacio para acoger el juicio.

SECCIÓN ELEGIDA POR SORTEO

Una vez en la Audiencia, se elegirá este mismo jueves por medio de un sorteo qué Sección es la encargada de enjuiciar esta causa, todo ello después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) aprobase el pasado martes "la propuesta formulada por el presidente de la Audiencia de Sevilla, con la unanimidad de los presidentes de las secciones penales, acerca de la puntual modificación del reparto de asuntos referidos a causas complejas en atención a las específicas y mayores circunstancias de volumen y especial complejidad" de la causa.

Las secciones Primera, Tercera y Cuarta son las únicas que pueden asumir el enjuiciamiento de la pieza separada del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en el caso ERE, ya que la Sección Séptima se encarga de resolver los recursos presentados en este procedimiento y, por tanto, no puede enjuiciar la causa.

Según se indicó en su día, esta modificación "puntual" de la última propuesta de las normas de reparto sobre causas de especial complejidad en la Audiencia de Sevilla obedece, según recoge el acuerdo, "a las excepcionales circunstancias de especial complejidad y de singular trascendencia mediática que en dicha causa concurren".

APERTURA DE JUICIO ORAL

En un auto fechado el 3 de noviembre de 2016, el entonces juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Álvaro Martín, dictó auto de apertura de juicio oral contra Chaves, Griñán y otros 24 ex altos cargos de la Administración autonómica, entre ellos seis exconsejeros, José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Magdalena Álvarez, Gaspar Zarrías y Antonio Fernández.

En el auto, el juez también abrió juicio oral contra los exviceconsejeros Agustín Barberá, Justo Mañas, Gonzalo Suárez, Jesús María Rodríguez, y José Salgueiro; los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, y los ex secretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo Juan Francisco Sánchez, Lourdes Medina y Javier Aguado.

También abrió juicio oral contra el ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa; el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano; el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez; los ex directores generales de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano, Antonio Valverde y Jacinto Cañete, y el exjefe del Gabinete Jurídico de la Junta Francisco del Río.

El instructor abrió juicio oral contra los 26 acusados por un delito continuado de prevaricación y un delito de asociación ilícita --delito del que únicamente acusa el PP-A--, mientras que también abrió juicio oral por un delito continuado de malversación de caudales públicos contra 18 de los acusados, entre ellos Griñán, Viera, Fernández, Martínez Aguayo y Vallejo. De este modo, no abrió juicio oral por el delito de malversación ni contra Chaves, ni contra Zarrías, ni contra Magdalena Álvarez, entre otros.

LAS PENAS SOLICITADAS POR LAS ACUSACIONES

El juez procesó a los 26 ex altos cargos referidos por medio de un auto dictado el 31 de mayo donde explicaba que fue entre 2000 y 2011 cuando "se implantó y mantuvo desde el gobierno de la Junta y en el área de la Consejería de Empleo un procedimiento que, a través de distintas modalidades, ha venido en denominarse 'procedimiento específico', cuyo objeto era eludir la aplicación de los procedimientos ordinarios y, en especial, los mecanismos de control previo de la Intervención General de la Junta, para la disposición de las partidas presupuestarias destinadas a ayudas sociolaborales y a empresas, en una cuantía no determinada pero no inferior a 854.838.243 euros".

Tras el procesamiento, la Fiscalía Anticorrupción solicitó una condena de seis años de cárcel y otros 30 años de inhabilitación para José Antonio Griñán, que fue procesado por delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación, mientras que a Manuel Chaves le reclama una condena de diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación. Manos Limpias se adhirió a este petición.

De su lado, la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía ha solicitado el archivo de esta pieza separada al entender que ni hay "trama criminal" ni se creó un procedimiento específico para eludir los controles de la Intervención y conceder de forma arbitraria las ayudas de los ERE.

Por su parte, el PP-A ha pedido dos años de cárcel y 22 de inhabilitación para Manuel Chaves y ocho de prisión y 42 de inhabilitación para José Antonio Griñán.