En España hay 250.000 aforados, la mayoría miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

En España existen actualmente 250.000 aforados, de los que más de 232.000 son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales o autonómicos, cinco de la Familia Real y el resto -17.603- pertenecen a instituciones del Estado y de las Comunidades Autónomas (políticos, miembros de las Carreras Judicial y Fiscal, integrantes de órganos como el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Estado, Defensores del Pueblo estatal y autonómicos, etc.).

Así lo ha revelado el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, durante su comparecencia en la Comisión del Justicia del Congreso de los Diputados.

Lesmes ha abogado por un nuevo diseño de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que conjugue las garantías procesales con la celeridad. "Esto exigirá reflexionar sobre todos los elementos que configuran el proceso penal, incluido, por qué no, el asunto de los aforamientos", ha dicho.

"Es necesario analizar la situación desde el máximo rigor posible y tratar de trasladar a la sociedad que las decisiones que se adopten en esta cuestión son fruto de la reflexión y, sobre todo, de la defensa de los intereses generales", ha manifestado Lesmes, para quien "sería bueno que el asunto de la reforma de los aforamientos, que sin duda es necesaria, no se desvincule de una deseable reforma global de nuestro proceso penal que mantenga los necesarios equilibrios".

UNA RAREZA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL

Lesmes también ha recordado que, en el caso de los jueces, fiscales o policías, el aforamiento opera como garantía para el ejercicio de funciones públicas destinadas a la protección de los derechos fundamentales y que "esa garantía se podría alcanzar mediante otros mecanismos distintos al aforamiento, pero siempre teniendo en cuenta que tal garantía es necesaria".

En el caso de los políticos, el aforamiento se concibe como garantía frente a los posibles excesos de la acusación popular que no existe en los ordenamientos jurídicos de otros países, según ha recordado.

NUEVO DISEÑO DE CARRERA JUDICIAL

Además, Lesmes ha instado a los diputados a abrir el debate sobre un nuevo diseño de la Carrera Judicial que incluya sistemas objetivos para la evaluación continua del desempeño del juez y permita reducir el margen de discrecionalidad en los nombramientos.

Ello pasa, según el presidente del Poder Judicial, por restablecer programas y pruebas de especialización en todas las jurisdicciones, convertir la formación en obligatoria e incidir en el desarrollo de habilidades necesarias para una mayor calidad en la prestación del servicio --idiomas, gestión de gobierno, nuevas tecnologías, etc--.

La antigüedad en la carrera seguiría siendo objeto de consideración, según ha explicado el presidente del Poder Judicial, pero no como criterio determinante para la selección de cargos de nombramiento discrecional, según ha explicado.

"Somos conscientes de lo ambicioso de este planteamiento y del cambio, incluso de mentalidad, que el mismo exigiría. Pero no creo que debamos renunciar a reflexionar sobre ello", ha señalado Lesmes en la cámara baja.

Estas cuestiones, ha dicho Lesmes, se abrirán al debate y reflexión de manera muy participativa, buscando "la máxima aportación y participación de la Carrera Judicial, de las asociaciones de jueces y de los órganos de gobierno de los Juzgados y Tribunales.

En este punto, Lesmes ha recordado el último informe de evaluación del Grupo de Países contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), hecho público en 2016, recomienda expresamente a España incidir en una mejor regulación de los criterios de nombramiento de los altos cargos del Poder Judicial. (Buscar informe)

JUECES A EVALUACIÓN CONTINUA

El presidente del TS y del CGPJ ha señalado también que la aplicación de un nuevo sistema exigiría la implantación de mecanismos eficaces y claros para la adecuada evaluación de la formación, "y también, yendo un poco más lejos, el establecimiento de sistemas objetivos para la evaluación del desempeño del juez".

"Este último aspecto es sin duda complicado. Y también delicado. La evaluación del desempeño de los miembros de la carrera judicial debe respetar, en todo caso, unos condicionantes que aseguren que esa evaluación se produce en términos que garanticen que no producen interferencias en la independencia e imparcialidad con la que los jueces han de desempeñar su labor jurisdiccional", ha concluido sobre este punto.

NUEVA PLANTA JUDICIAL

Finalmente, ha mencionado que "sigue estando pendiente la gran reforma organizativa de la Justicia" y que en ese sentido el órgano de gobierno de los jueces trabaja en un plan de redimensionamiento de la planta judicial.

A su juicio, el CGPJ debe contribuir a la elaboración de un programa de reformas que aseguren la calidad de la Justicia y refuercen la independencia del Poder Judicial. Así, ha abogado por el diseño de una nueva organización territorial de la Justicia que supere la actual atomización de las demarcaciones judiciales y apueste por un nuevo modelo organizativo basado en la concentración territorial y la colegiación de órganos judiciales.

Lesmes ha dicho, no obstante, que hasta que no se produzca esa reforma el CGPJ no renuncia, en uso de sus competencias propias, a estudiar la implantación de medidas que permitan aumentar la capacidad de respuesta de los órganos judiciales mediante la especialización de órganos judiciales, la modificación de normas de reparto o la aprobación de medidas de apoyo.

EL CONGRESO CUESTIONA LA INDEPENDENCIA JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL

Por su parte, la mayoría de los portavoces de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha cuestionado ante Lesmes la independencia judicial de los jueces y magistrados y ha denunciado la discrecionalidad de los nombramientos de la cúpula judicial o la percepción de los ciudadanos sobre la politización de la Justicia.

Así, la práctica de totalidad de los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios --entre el que no se encontraba el PP-- han denunciado que organismos internacionales han alertado de que los españoles no tienen una confianza en sus órganos judiciales debido a que creen que no es independiente del poder político.

Muchos de los diputados, que han ironizado sobre la duración de más de dos horas de comparecencia de Lesmes, han recordado que el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) --dependiente del Consejo de Europa-- lamentó en su último informe que España no ha atendido a sus recomendaciones para fortalecer la independencia judicial.

Uno de los parlamentarios que ha hecho esta precisión ha sido el portavoz de Justicia de Ciudadanos, Ignacio Prendes, que ha recalcado que España está "a la cola" en relación a la independencia judicial y ha asegurado que existe un "problema de credibilidad". En este sentido, ha llamado a hacer una "reflexión" sobre la "intervención partidista" o la vinculación asociativa que "contaminan" los nombramientos de la cúpula judicial o los "conflictos de intereses" que puedan existir dentro del propio CGPJ.

En esta misma línea, Podemos-En Comú Podem-En Marea ha criticado que el órgano de gobierno de los jueces es una "estructura presidencialista", cuyo vértice es Lesmes que, a su entender, influye en el Pleno "y en cada una de las comisiones". Así lo ha dicho el diputado Jaume Moya, de En Comú Podem, que ha afirmado que el CGPJ está "politizado" y así se puede ver con la "discrecionalidad" con los que se hacen los nombramientos.