sábado, 21 de octubre de 2017 14:24
Opinión

LA DIVISIÓN DEL PSOE

Antonio Antón
Antonio Antón

Profesor honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid

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El poder establecido pretende garantizar la gobernabilidad de la derecha y neutralizar la amplia dinámica ciudadana de cambio. En su discurso desacredita a esta última como ilusa y 'perdedora'. Aparte de a Unidos Podemos y sus aliados, también la adjudica a Pedro Sánchez, exsecretario general del PSOE. Como se sabe, pugna en las primarias socialistas con Susana Díaz, Presidenta de la Junta de Andalucía y que tiene un discurso vacío pero, eso sí, presentado como 'ganador' y con responsabilidad de Estado.


Su problema, que no puede esconder, es la posibilidad de que Sánchez tenga un aval significativo entre la militancia socialista y trastoque el equilibrio de la triple alianza. El proyecto de éste consiste en hacer creíble su propuesta de abandonar la colaboración con el PP y girar a la izquierda. El temor que infunde al entramado económico-político es al riesgo de caminar hacia un pacto de progreso con Unidos Podemos y aliados, con un plan transformador, un programa negociado de cambio y un amplio consenso social. Los poderes fácticos de dentro y fuera de su partido lo defenestraron cuando solo atisbaba esa opción. De momento, lo desacreditan con el mismo paquete descalificador de irreal, minoritario y perdedor. Aparte queda la opción de Patxi López, con la función de dividir el voto sanchista y favorecer (y compartir) la victoria del aparato socialista en torno a Susana Díaz.


Veremos ahora en las primarias el apoyo militante a Sánchez y si gana y se abre la posibilidad de un cambio gubernamental inmediato (o nuevas elecciones generales). Lo más probable es la agudización de la fractura interna que puede terminar con el disciplinamiento (o abandono) de gente crítica si pierde, o con la ruptura, al menos del grupo parlamentario, si gana. Es decir, en cualquier escenario parece no existir capacidad para la necesaria disponibilidad del conjunto del Partido Socialista hacia un Gobierno alternativo de progreso pactado con Unidos Podemos y convergencias y abierto a la colaboración con el nacionalismo progresista. Se cumpliría el diseño del entramado económico-político para impedir el cambio gubernamental de progreso. En todo caso, su firme actitud frente al PP ayuda a romper el discurso monolítico de la inevitabilidad del apoyo socialista a la gobernabilidad de la derecha y la imposibilidad del cambio, así como cuestiona la legitimidad entre las bases socialistas del supuesto carácter 'ganador' de todo el plan normalizador de la Comisión gestora.


El horizonte del cambio institucional está, sobre todo y sin que se produzcan acontecimientos relevantes impredecibles, en el ciclo electoral de los años 2019-2020. Mientras tanto, la tarea política de las fuerzas del cambio consiste en influir, gestionar y condicionar las políticas, representar y activar a la ciudadanía, y sumar apoyos sociales para el cambio político. Y lo que se está dilucidando es si ese proyecto, aparte de justo y democrático, es realista y susceptible de canalizar las aspiraciones de una mayoría popular y expresar una mayoría institucional, en los grandes Ayuntamiento, en Comunidades Autónomas significativas y en el Gobierno. Queda camino, y la pugna es dura y prolongada.


Pero, además, el discurso interesado en no reconocer las bases sociales en que se incardina ese proceso de cambio y que trata de impedirlo, supone una deformación de la realidad. El plan de estabilización política del PP y los de arriba no corresponde a la opinión de las mayorías sociales. Ese enmascaramiento ideológico tiene la función de frenar a las fuerzas del cambio. No obstante, trae consecuencias importantes de pérdida de credibilidad ciudadana en esa clase gobernante.


Particularmente, la dirección del Partido Socialista está sometida a la contradicción entre, por un lado, su necesaria retórica de cambio –aunque sea limitado o en aspectos secundarios-, a efectos de su legitimidad social, pareciendo ser útil a la sociedad y, por otro lado, su garantía de gobernabilidad del PP, así como su compromiso con el continuismo estratégico y de poder del entramado político-económico, por mucho que destaquen su vocación de 'aternancia'. Su actual giro derechista y su estilo poco democrático profundizan la desafección popular (según las últimas encuestas electorales, pierde un millón y medio de votantes desde el 26-J, la mayoría hacia la abstención pero una porción significativa a Unidos Podemos y sus aliados y otra hacia Ciudadanos).


Uno de los factores de cierta estabilización institucional es la colaboración de la mayoría de la dirección socialista y su garantía de gobernabilidad del pacto de las derechas (PP y C's), continuación de su determinación de frustrar la posibilidad de un Gobierno de progreso. No obstante, el aparato socialista cuenta con escasa legitimidad entre su militancia y su electorado para su aval a la gobernabilidad del Gobierno del PP, está muy alejado de su compromiso de 'cambio seguro' e incluso de una oposición verdaderamente útil para la mayoría ciudadana. Aunque ahora en las primarias necesita un distanciamiento relativo para evitar un desplazamiento militante hacia Sánchez.


Para taponar esas grietas, el bloque de poder liberal-conservador debe apostar por una fuerte presión política hacia la dirección del Partido Socialista, un gran despliegue mediático para persuadir o neutralizar a la gente descontenta y, sobre todo, un aislamiento de las fuerzas del cambio como componente transformador basado en la justicia social y la democratización. Hasta ahora han tenido un relativo éxito en el objetivo central de impedir la formación de un Gobierno de progreso, compartido y negociado con Unidos Podemos y sus aliados. No solo se ha confirmado la negativa de la dirección socialista, desde el principio tras el 20-D, a iniciar un proceso de transformación real y de colaboración con las fuerzas del cambio, sino que, a pesar de los apoyos recibidos en ayuntamientos y Comunidades Autónomas para desalojar al PP, ha acentuado su sectarismo contra Unidos Podemos y sus aliados, confirmando su actual aval a la estabilidad del Ejecutivo de Rajoy.


Todavía persiste la disputa sobre el relato de las causas y responsabilidades por el fracaso de un Gobierno de progreso en España y la conformación de cierta frustración en parte del electorado de ambos. El propio Pedro Sánchez, en su entrevista con Évole, periodista de la Sexta, tras su defenestración a primeros de octubre como Secretario General del PSOE, se encargó de dar verosimilitud a la versión de Unidos Podemos y convergencias: los poderosos de dentro y de fuera del PSOE lo vetaron. No se debía a la supuesta intransigencia o sectarismo de la dirección de Podemos, versión machacona de la dirección socialista y los principales medios, sino a la determinación estratégica del núcleo dirigente socialista, con el acuerdo de Ciudadanos, de garantizar el continuismo económico y territorial, neutralizar un cambio real de políticas, aunque fuese limitado, y marginar a Unidos Podemos y sus aliados.


Tampoco es justa la versión intermedia, supuestamente equilibrada, del reparto por igual de responsabilidades a los dirigentes de ambas formaciones. Sánchez fue honesto en ello al señalar al entramado económico-político y la dependencia del aparato socialista como culpable de ese veto a un Gobierno compartido de progreso. Y habría que añadir la responsabilidad de la propia dirección socialista por su aceptación e impotencia para plegarse a esa estrategia de impedir el cambio político en España y profundizar la división de las fuerzas de progreso, con toda su repercusión para el futuro de España y la Unión Europea.


Es difícil que el Partido Socialista pueda ya desempeñar un papel dirigente en un cambio político e institucional de progreso. Los poderosos y su propio aparato pueden imponer su repliegue representativo y la subordinación a las derechas, en aras de defender los intereses continuistas de los poderes fácticos. Ello aplazaría el desalojo de las derechas y sería fuente de mayor frustración y desafección entre su base social.


Esa posible dinámica supone una responsabilidad especial para las fuerzas del cambio que, de momento, están lejos de conseguir, por sí mismas, los apoyos sociales suficientes para asegurarlo. Para desalojar a las derechas de las grandes instituciones públicas e iniciar un auténtico cambio, sigue siendo imperiosa la colaboración con otras fuerzas políticas de progreso, en especial un renovado Partido Socialista (o parte de él) con el que converger. 

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