miércoles, 13 de diciembre de 2017 21:53
Sociedad

Un exdirectivo del Canal Isabel II habría cobrado comisiones por las obras de los Teatros

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Canal

El exdirector gerente del Canal de Isabel II entre 2004 y 2009, Ildefonso de Miguel, habría cobrado algún tipo de comisión relacionada con la construcción de los Teatros del Canal, según consta en el auto del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que justifica el ingreso en prisión incondicional del expresidente de la Comunidad Ignacio González.


El auto recoge que según una de las conversaciones grabadas entre los hermanos González, en alusión al expresidente regional y su hermano Pablo González, este último en prisión eludible bajo fianza de 4 millones de euros, "Ildefonso de Miguel habría cobrado algún tipo de comisión relacionada con la construcción de los Teatros del Canal".


Precisamente, entre las empresas que ha registrado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la llamada operación Lezo se encuentra la firma Saerco, de Ildefonso de Miguel.


Las obras de construcción de los Teatros del Canal, situados en la confluencia de las calles de Bravo Murillo y Cea Bermúdez, en el distrito de Chamberí, finalizaron en septiembre de 2008, casi cuatro años después de la fecha prevista.


Las obras comenzaron en 2002 bajo el mandato de Alberto Ruiz-Gallardón y la dirección del arquitecto Juan Navarro Baldeweg, con un presupuesto de 49,9 millones de euros y un plazo de ejecución de 23 meses, por lo que deberían haber estado terminadas en 2004.


En octubre de 2017 la Comunidad de Madrid, con Esperanza Aguirre al frente, rescindió el contrato con Navarro Baldeweg aduciendo "importantes defectos, carencias e imprevisiones", pero más adelante llegó a un acuerdo con el arquitecto para que finalizara las obras, que establecía un presupuesto cerrado de 76 millones de euros y un plazo de terminación máximo en septiembre de 2008.


La inauguración del recinto también fue muy polémica por el coste del evento, que los medios de comunicación cifraron entonces en 1,2 millones de euros, aunque la Comunidad solo reconoció haber pagado 407.354 euros, y dijo que el resto corría a cuenta de las constructoras.


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