jueves, 21 de septiembre de 2017 12:35
Sociedad

Las asociaciones de fiscales reclaman que el fiscal general del Estado no sea nombrado por el Gobierno

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Los representantes de las tres asociaciones de jueces han reclamado este miércoles en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados que el Gobierno deje de tener la potestad de nombrar y cesar al fiscal general del Estado para garantizar la autonomía de la institución.


La presidenta de la Asociación de Fiscales (AF) --la mayoritaria--, Concepción Talón; la vocal del secretariado de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), María de las Heras; y el portavoz de la Unión Progresista Independiente de Fiscales (APIF), Miguel Pallarés; han coincidido en la necesidad de modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para que el fiscal general del Estado, que actualmente es José Manuel Maza, deje ser elegido por el Poder Ejecutivo.


"No debemos olvidar en ningún momento que la Fiscalía está separada del Poder Ejecutivo", ha aseverado Talón, "y no es en ningún caso ni correa de transmisión, ni elemento de comunicación entre el Gobierno y los tribunales". La presidenta de AF ha recordado que en 2007 se reformó el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal pero, en su opinión, no ha sido "suficiente" para ganar independencia.


Así, ha dicho que una forma "tan sencilla" para que desaparezca la percepción de politización de la institución es que el mandato del fiscal general del Estado no coincida con el Gobierno de turno, es decir, que "la duración en vez de cuatro años fuera de cinco".


También, ha destacado que el Consejo Fiscal no debe limitarse a ser un "órgano de asesoramiento", por lo que ha abogado por establecer mecanismos de control y de votación para muchas de las decisiones que adopta, en este caso, Maza. Se refiere a nombramientos de fiscales superiores, de área, de inspección o la promoción de los mismos, entre otros aspectos.


Pallarés ha llamado a que se deje de hablar del "fiscal general del Gobierno" para que se hable del "fiscal general del Estado": "Lo que está claro es que en lo que llevamos de democracia ha sido, o al menos lo ha parecido, el fiscal general del Estado", ha dicho. Por ello, ha propuesto que en una posible reforma del Estatuto Fiscal se introduzca que este cargo sea elegido por el Rey, a propuesta del jefe del Ejecutivo, pero con el consenso mayoritario del Congreso de los Diputados.


PRINCIPIO DE JERARQUÍA


El portavoz de APIF --que ha aprovechado su intervención para lamentar que en el Consejo Fiscal no hay ningún vocal que pertenezca a su asociación-- ha lamentado los últimos episodios de discrepancias conocidas en el seno de la Fiscalía --como el del fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, y los fiscales del 'caso Lezo', Carlos Yáñez y Carmen García Cerdá-- y ha reprochado que se está "potenciando" el principio de jerarquía "y nadie se está dando cuenta".


Según Pallarés, este principio responde a la "organización" de la institución y debe respetar el principio de legalidad y de imparcialidad. En esta misma línea ha continuado De las Heras, que ha asegurado el Gobierno nombre al máximo responsable del Ministerio Público "compromete la autonomía" de la institución.


Según ha expuesto, el "principal escollo" para que se perciba que la Fiscalía es dependiente es el poder absoluto que tiene el fiscal general del Estado y, por ello, ha pedido que se modifique el Estatuto por el que se rigen los fiscales para que regule todo "el sistema de jerarquía".


"No hay que inventar la rueda, la rueda está inventada hace mucho tiempo. Hace voluntad política y la garantía y responsabilidad del Poder Legislativo porque si hay que reforzar la autonomía hay que cambiar las leyes", ha dicho la vocal del UPF.


"ESTAMOS HACIENDO UN PAPELÓN EN EUROPA"


Por otro lado, los tres representantes de los fiscales han comparado los sistemas judiciales de la mayoría de países europeos con el español, en los que el Ministerio Público son los que dirigen la instrucción de causas penales. "Estamos haciendo un papelón en Europa, no entienden nuestro sistema", ha afirmado Pallarés.


Por su parte, De las Heras ha recalcado en que la figura del juez instructor es "anacrónico, guste o no" y que se limita al ámbito de territorialidad, algo que, a su juicio, es perjudicial para las causas. Ha precisado que los fiscales, a pesar de lo que piensen asociaciones de jueces --tal y como destacaron la semana pasada en esta misma comisión--, tienen la "experiencia" y la "especialización" necesaria para dirigir las investigaciones.


"El que no llevemos la instrucción no significa que investiguemos, tenemos diligencias de investigación", ha subrayado al tiempo que ha recordado que muchas de las causas penales que se instruyen en la Audiencia Nacional comienzan por las actuaciones de la Fiscalía.


DEJAR TRABAJAR A LOS FISCALES


Talón ha indicado que se necesita de la "voluntad política" y de la dotación de medios necesarios para que la Fiscalía sea la que dirija las investigaciones penales. La presidenta de AF ha explicado que se tiene que modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para dar la responsabilidad en este sentido a los fiscales, pero siempre y cuando se les "deje trabajar".


"No se trata de sustituir al juez instructor", sino de dar capacidad de investigación al fiscal y que tenga a la Policía judicial a sus órdenes, ha apostillado. Talón ha afirmado que la Fiscalía no puede desarrollar el mando de las instrucciones "mientras esté permanentemente bajo sospecha y los poderes políticos la utilicen como arma arrojadiza".


Además, la presidenta de la asociación mayoritaria de fiscales ha subrayado que hay que tomar medidas para evitar las filtraciones de las causas que se encuentran bajo secreto de sumario a la prensa para que no se hagan "juicios paralelos" sobre los investigados ni se "impida" que las investigaciones se desarrollen con "normalidad. "No se trata de matar al mensajero", ha dicho en relación a una pregunta formulada por la portavoz de PDeCAT, Lourdes Ciuró.


Los grupos parlamentarios han manifestado su coincidencia en la necesidad de garantizar la autonomía de la institución, así como su credibilidad que últimamente se ha visto perjudicada y que, según ha dicho el diputado de Ciudadanos y vicepresidente primero de la cámara baja, Ignacio Prendes, está "pasando por un momento crítico".

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