La Unión Progresista de Fiscales reclama la dimisión del ministro de Justicia y del Fiscal General

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha incluido entre las conclusiones de su 32º Congreso una referencia a la reprobación parlamentaria del ministro de Justicia, Rafael Catalá, de quien reclama el cese o la dimisión.

Asimismo, el congreso de la UPF, reunido los días 2 y 3 de junio en León, también “reclama públicamente la dimisión del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza Martín, como consecuencia del nombramiento de Manuel Moix como Fiscal Jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, por el menosprecio a los principios básicos de actuación del Ministerio Fiscal y por poner en grave riesgo el funcionamiento de esta Fiscalía, pionera en Europa en la persecución de los delitos de corrupción”.

En esta misma conclusión los fiscales progresistas muestran su apoyo incondicional al trabajo y el compromiso de los fiscales de la Fiscalía Anticorrupción en defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos. Del mismo modo, rechazan por intolerable la injerencia del ejecutivo en actuaciones concretas de la Fiscalía Anticorrupción.

También, en cuanto a su capacidad de actuación, se critica la dependencia del ministerio de Justicia y la necesidad de desarrollar “la cláusula constitucional que exige que el Ministerio Fiscal actúe a través de órganos propios, esto es, que tenga un verdadero régimen de autonomía orgánica. En la actualidad cualquier decisión relativa a la carrera de un fiscal (nombramientos, régimen disciplinario, licencias, permisos) se toma en el Ministerio de Justicia, lo que supone concebir a la Fiscalía como un mero apéndice de este departamento gubernamental”.

“El riesgo de quiebra del Estado de Derecho y de la normal convivencia ciudadana es claro y todos los responsables políticos implicados deben ser conscientes de ello y procurar soluciones” dice la conclusión relativa a la situación en Catalunya. Y muestran su apoyo y reconocimiento a los fiscales que han intervenido y están interviniendo en procedimientos judiciales relacionados con esta situación.

ESTATUTO DE LA VÍCTIMA Y DERECHO A LA JUSTICIA GRATUITA

La UPF “denuncia la inactividad de los gobiernos del Estado y de algunas Comunidades Autónomas en la aplicación del Estatuto de la Víctima, en vigor desde el año 2015, pese a lo cual no se han creado ni dotado adecuadamente las Oficinas de Atención a Víctimas, ni por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se incorpora a los atestados el preceptivo informe sobre la vulnerabilidad de la víctima, convirtiendo la norma, una vez más, en un ejercicio de demagogia política”.

También la UPF muestra su preocupación por “la creciente desigualdad ante la Justicia de los más desfavorecidos como consecuencia de la desatención de la Administración al derecho a la justicia gratuita que debe ser prestado por un turno de oficio digno”. Según los fiscales progresistas, “la justicia gratuita es un pilar básico de todo Estado de Derecho y el derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho de todos, no sólo de los poderosos o de las personas con recursos”.

En otro punto de las conclusiones señalan que “como fiscales debemos promover la justicia, la legalidad y la defensa de las víctimas, especialmente de los niños y desamparados, por eso desde la Unión Progresista de Fiscales, asociación que no esconde su interés por la justicia social, tenemos la obligación de alzar la voz, proponer soluciones, no ser cómplices de tamaña tragedia e injusticia que ha convertido el “Mare Nostrum” en la frontera más mortífera del mundo, sin olvidarnos, tan poco, de la Frontera Sur que tan próxima tenemos”.

Tampoco el documento de los fiscales progresistas pasa de puntillas por la cuestión de la violencia de género: “Nunca serán suficientes las ocasiones para denunciar que la abominable lacra que constituye la violencia de género es una bochornosa realidad que se imbrica de un modo tal en la construcción de nuestras sociedades que únicamente permite ser combatida desde la verdadera comprensión de su raíz misma. Exigimos que se aumenten las partidas presupuestarias destinadas a lucha contra esta lacra, para hacer realmente efectivas las disposiciones de la ley”.

DERECHOS LABORALES Y CARRERA PROFESIONAL, DECEPCIÓN Y CRÍTICAS

En cuanto al ámbito laboral y profesional, la UPF muestra su decepción por la pasividad de la Fiscalía General del Estado en la defensa de los derechos laborales de los miembros del Ministerio Fiscal. Asimismo, denuncian “la drástica reducción sufrida en los últimos años tanto en materia de ascensos como en el número plazas ofertadas en los concursos ordinarios de traslado”.

En este orden de cosas, el congreso de fiscales progresistas “rechaza con contundencia el modelo de formación de Fiscales que se trata de imponer desde el Ministerio de Justicia haciendo del CEJ una estructura administrativa destinada a la formación de burócratas. Ello supone un absoluto desprecio por la formación específica que debería corresponder a la misión y posición constitucional del Ministerio Fiscal”.

También se muestran críticos en relación a la igualdad entre mujeres y hombres en la carrera fiscal. Así afirman que “la situación de infrarrepresentación de las mujeres en los puestos de toma de decisiones es un fenómeno global y generalizado, contrario al esencial concepto de democracia paritaria e incluido por la Conferencia de Beijín entre los doce ámbitos críticos que constituyen obstáculos para el adelanto de la mujer”.

En cuanto a la digitalización de la justicia, la Unión Progresista de Fiscales “lamenta que lo único verdaderamente “digital” en la Administración de Justicia a día de hoy sea la nefasta política de nombramientos discrecionales en la mente de todos. El pretendido y rimbombante papel cero es una ficción que solo existe en la mente de los responsables del Ministerio que, además de desconocer de modo absoluto cómo funcionan las Fiscalías y los Juzgados, también desconocen las posibilidades de los intercambios de información en el siglo XXI”.

En el documento, los fiscales reclaman públicamente “la definitiva aprobación de la proposición de ley que actualmente se halla en trámite parlamentario y la consiguiente supresión de los plazos de instrucción, que consideramos un dislate jurídico en nuestro actual sistema de instrucción judicial, en el que el control de los tiempos por el Ministerio Fiscal resulta inviable ante la escasez de medios personales y los exiguos y deficientes recursos materiales con que contamos. Perpetuar este sistema supone un evidente riesgo de impunidad de muchos delitos -no solo de corrupción-, tal y como ha puesto de manifiesto la propia Comisión Europea en sus recomendaciones del primer semestre de 2017. Asimismo, hasta una futura reforma legal que suprima el despropósito de un sistema de plazos en una instrucción judicial no dirigida por el Ministerio Fiscal, la Unión Progresista de Fiscales reclama de la Fiscalía General del Estado la revisión de la Circular 5/2015 para que se adapten las pautas de actuación de los Fiscales a la realidad diaria de todas y cada una de las Fiscalías, en tanto que el posicionamiento actual, en una actitud claramente condescendiente con el Ministerio de Justicia, no hace sino dificultar la investigación judicial y entorpecer la labor del Ministerio Fiscal en la promoción de la acción de la justicia”.