jueves, 23 de noviembre de 2017 04:17
Sociedad

Jueces piden la dimisión de Carlos Lesmes por cooperar para controlar el poder judicial

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Lesmes 1

Carlos Lesmes -tercero por la izquierda- es el presidente del Consejo General del Poder Judicial


La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JpD) ha solicitado este lunes la dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, a quien acusa de cumplir un "papel irremplazable en la hoja de ruta diseñada al detalle desde el Ministerio de Justicia para controlar la actividad judicial relacionada con las innumerables causas por corrupción que afectan al partido del gobierno". 


Entre otros motivos, por poner en marcha en tiempo récord -menos de tres meses- la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional donde ha sido ascendido el juez Eloy Velasco, instructor de las causas "Púnica" y "Lezo".


En una nota, JpD ha denunciado la "sectaria política de nombramientos que viene desarrollando el Consejo General del Poder Judicial", que ha alcanzado su cenit con la designación de Concepción Espejel como la presidenta de la Sala Penal y de los magistrados de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, que además de Velasco es el juez Enrique López. "Una política que supone el flagrante abandono de su cometido institucional y sus deberes constitucionales de defensa de la independencia de los jueces y de mantenimiento de la separación de poderes", considera la asociación progresista.


Además, sobre Concepción Espejel y Enrique López, JpD recuerda habían sido apartados hasta en tres ocasiones por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional "por su falta de imparcialidad para conocer de causas penales relacionadas con delitos de corrupción del partido del Gobierno".


"La pertinaz actitud de la magistrada y el magistrado, al tratar de mantener su presencia contra viento y marea, es un hecho inédito en nuestra historia judicial; como lo fue también la aludida posición de la Fiscalía", que se opuso a estas recusaciones. "Espejel y López eran los candidatos más inidóneos desde el punto de vista de la separación de poderes y de la imagen de imparcialidad que debe connotar a los tribunales".


Otro tanto señala JPD respecto de quien ha ocupado la plaza creada en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, la ex presidenta de su Audiencia Provincial, Carmen Llombart, vocal del Consejo General del Poder Judicial por designación del Partido Popular.


"Es preciso tener en cuenta que la Audiencia Nacional acumula causas de corrupción que afectan al partido del gobierno, y en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana se ha dictado ya, hace pocas fechas, la primera sentencia condenatoria de las numerosas causas que penden en ese tribunal relacionadas con el caso "Gürtel"; unos datos sin los cuales, seguramente, no se habrían producido estos movimientos, o no de esta manera", consideran.


Afirman que lo que denuncian "no es un hecho aislado", ya que debe conectarse con el nombramiento de José Manuel Maza en la Fiscalía General del Estado con el plácet casi unánime del Consejo. Este aval responde a la previsión legal que obliga al CGPJ a comprobar si el candidato cumple con los requisitos legales de antigüedad para optar al puesto.


A ello añaden "la consiguiente colocación al frente de la fiscalía Anticorrupción de un profesional que, conocidamente, gozaba del favor de investigados por corrupción vinculados al partido del gobierno", en alusión al recientemente dimitido Manuel Moix.


"Las conversaciones entre algunos de estos, con cargos del máximo nivel hasta hace poco en el gobierno de la Comunidad de Madrid -por el expresidente Ignacio González, actualmente en prisión por el 'caso Lezo'-, son "un escándalo que ilustra sobre el papel reservado a la jurisdicción y el Ministerio Público en el imaginario de un sector significativo de la derecha gobernante, que se concreta en la subordinación de ambas instituciones a sus intereses político-partidistas", añade la asociación.

relacionada La Unión Progresista de Fiscales reclama la dimisión del ministro de Justicia y del Fiscal General

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