​Un 8% de españoles pagó con retraso recibos domésticos en 2016

La exministra de Vivienda Beatriz Corredor ha alertado en el Congreso de que el 8% de los españoles tuvo en 2016 dificultades para afrontar el pago de recibos domésticos relacionados con la vivienda.

Corredor ha ofrecido estos datos en la Comisión de Justicia en el Congreso, donde comparece dentro del debate parlamentario en torno a la proposición de ley que llama a endurecer los procedimientos de desahucio en caso de ocupaciones.

Durante su intervención, la exministra ha abogado por potenciar las políticas activas de alquiler, opción muy alejada en España de la media Europea y cuyo reciente aumento, ha dicho, responde más a dificultades circunstanciales que a un cambio de mentalidad, y a garantizar el derecho a la vivienda.

Así, se ha mostrado contraria a un endurecimiento de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en los casos de ocupación, y ha manifestado que, aunque una agilización de los procedimientos de desahucios puede permitir una recuperación más rápida de la propiedad, esto debe de ser "compatible", ha dicho, con el derecho a la vivienda de las personas.

LA VIVIENDA COMO DERECHO RECONOCIDO

Corredor ha señalado que en Alemania y en Portugal está reconocido el derecho intangible a un "mínimo vital por parte de los ciudadanos", y ha destacado que las dos opciones para poder consagrar esto mismo en España pasan por, o bien una reforma de la Constitución para reconocerlo como un "derecho fundamental", o bien ampliar la interpretación del Tribunal Constitucional del mínimo existencial que ya reconoce la Carta Magna.

Corredor ha criticado que las políticas hayan tenido en los últimos años "un enfoque económico" más que de vivienda, a través de incentivos fiscales o como medida para crear empleo, y ha instado a incentivar la creación de un parque público de vivienda para el alquiler, pues en España la vivienda social únicamente supone el 2% de todo el alquiler, a pesar de las ayudas y la vivienda protegida.

Asimismo, ha criticado las anunciadas ayudas a la compra de vivienda, pues ha calificado éstas como "un grave retroceso". Por otro lado, ha apostado por impulsar medidas impositivas en la línea de exenciones fiscales, y evitar impuestos como el de las viviendas vacías o las expropiaciones.