​El Frob preparaba la venta de Popular desde el sábado

Las autoridades de la Unión Europea (UE) dieron mandato al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) para comenzar a preparar el procedimiento de resolución y posterior venta de Banco Popular el pasado sábado ante el temor de que el procedimiento de venta privado culminase sin comprador, informaron fuentes del Frob.

El objetivo de iniciar el procedimiento de venta antes de concretarse la inviabilidad de Banco Popular era que las autoridades correspondientes, --Junta Única de Resolución (JUR) y Frob-- estuviesen preparadas ante una situación de insolvencia en Banco Popular que obligase a construir el proceso con extrema urgencia, tal y como sucedió finalmente.

Para ello, el Frob colaboró con Popular y tuvo acceso a los datos (Virtual Data Room) ofrecidos a las entidades interesadas en una potencial adquisición de la entidad, lo que permitió agilizar la operación, una vez que el Banco Central Europeo (BCE) declaró la inviabilidad del banco el martes por la tarde.

El acceso a esta información determinó que a fecha de 5 de junio Banco Popular disponía de 60.347 millones de euros en depósitos, de los que 35.410 millones de euros correspondían a depósitos inferiores a 100.000 euros, aunque las fuentes precisaron que estos datos no son comparables con los recogidos en el balance de la entidad a cierre del primer trimestre.

Semanas antes de la concreción del proceso, el Frob decidió contratar a Arcano como asesor independiente para preparar la posible venta del negocio de Popular.

El estudio llevado a cabo por esta firma reveló que el valor de Popular era de 2.000 millones de euros negativos en un escenario central y de 8.200 millones negativos en el contexto más estresado, informó el Frob.

NO INCLUYE ESQUEMA DE PROTECCIÓN DE ACTIVOS

Además, el Frob ha aclarado que el acuerdo alcanzado por las autoridades de resolución con Banco Santander no incluye ninguna garantía ni ningún esquema de protección de activos, por lo que deberá ser el propio banco el que resuelva los posibles procedimientos legales derivados de la operación.