sábado, 18 de noviembre de 2017 15:01
Economía

El Congreso debatirá una ley cuyo objetivo es acabar con la morosidad

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Morosidad



El Pleno del Congreso debate este martes la proposición de ley de Ciudadanos para atajar la morosidad, incluyendo un régimen sancionador, con multas que oscilan entre los 60 y los 819.780 euros, y un sistema de arbitraje para dirimir conflictos entre empresas.


El establecimiento de sanciones era una de las medidas pactadas con el PP para la investidura de Mariano Rajoy y una de las reclamaciones habituales hasta que, hace tres meses, el presidente de la formación naranja, Albert Rivera, anunció que si el Gobierno no cumplía con el compromiso pactado, llevaría al Congreso en junio su propia ley.


El pasado mes de mayo, Ciudadanos registró su iniciativa, auspiciada por asociaciones de autónomos, pymes y la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM), y ahora la lleva al Pleno del 20 de junio para que la Cámara Baja admita su tramitación.


FRENAR LA "IMPUNIDAD"

El régimen sancionador para hacer cumplir los plazos establecidos en la legislación vigente --30 días para acometer un pago por parte de la administración pública y 60 días en el sector privado-- es una reivindicación de esta formación para enfrentar la "impunidad" vigente.


Según datos expuestos por Ciudadanos, en 2016 el período medio de pago en el sector público alcanzó los 71 días y en el privado 77. "Se ha venido incumpliendo la ley sistemáticamente", ha señalado.


El endurecimiento de la legislación contra la morosidad, régimen sancionador incluido, era uno de los compromisos adquiridos por el PP para conseguir el apoyo de Ciudadanos en la investidura de Mariano Rajoy. Sin embargo, ante la falta de iniciativa, Ciudadanos ya advirtió de que presentarían su propuesta antes de junio en caso de que el Gobierno no presentara la suya.


20 DÍAS DE RETRASO YA ES MUY GRAVE

La proposición de ley de Ciudadanos establece como infracción grave exceder el plazo legal de pago en más de veinte días, mientras que constituirá infracción muy grave el que dicho plazo legal de pago se exceda en más de sesenta días.


Las primeras tienen establecido multas que oscilan entre los 2.046 euros hasta los 40.985 euros, en función del grado de gravedad, mientras que las multas para las infracciones muy graves pueden alcanzar, en su máximo, entre los 409.891 euros a 819.780 euros.


La graduación de las sanciones variará, según la iniciativa, en función de criterios como que el fin del retraso en el pago responda a una búsqueda de financiación "habitual y recurrente", la existencia de fraude o connivencia entre el infractor y el acreedor, el incumplimiento de advertencias y requerimientos previos, el importe de la operación, la capacidad y solvencia del infractor o que la compañía afectada sea una microempresa o pyme.


Precisamente, tanto las microempresas --figura recogida por la ley en la que se incluirían los autónomos-- como las pymes sancionadas, podrían solicitar una reducción de la totalidad de la sanción impuesta, siempre y cuando justifiquen que ellas mismas son a su vez acreedoras de deudas por un importe total superior a las deudas pendientes de pago por las que han sido castigadas.


La formación naranja delega a las administraciones autonómicas la potestad sancionadora de las infracciones cometidas. Según ha aseverado en rueda prensa Roldán, el régimen sancionador es "flexible" y "permitirá adaptarse a las condiciones de cada empresa" pues, ha asegurado, "no tiene voluntad de recaudar, sino de cumplir la ley".

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