sábado, 21 de octubre de 2017 12:33
Economía

La CEOE lamenta que las leyes españolas sean un lastre para la actividad productiva

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Ana plaza

Un objetivo repetido: "legislar menos, legislar mejor"/@CEOE_ES


La secretaria general de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Ana Plaza Arregui, ha lamentado este miércoles que el "maremágnum" de leyes y el marco normativo "muy complejo y pesado" al que se enfrentan las empresas en España provocan que su actividad productiva esté "lastrada".


Así, ha destacado que como consecuencia de las "cargas normativas" existentes, las empresas tienen que dedicar una parte de sus recursos para poder cumplir la legislación en lugar de emplearlos al "100% en crear riqueza y empleo".


En este sentido, ha destacado la importancia de la digitalización y las nuevas tecnologías para cumplir el objetivo repetido por la CEOE de "legislar menos, legislar mejor".


CEOE considera que "gran parte" de ese objetivo tiene que lograrse a través del uso práctico de la digitalización, un proceso de está tenido "cada vez más importancia" y que "afecta a todos". En opinión de Plaza Arregui, si no se consigue este objetivo, la carga normativa "provoca distorsiones" que se terminan por solventar en los tribunales.


En este sentido, durante su intervención este miércoles en el encuentro 'Implicaciones del funcionamiento de la justicia en la economía' en los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, ha reivindicado si se quiere que España sea un país competitivo es "absolutamente imprescindible" tener una legislación "eficaz, simplificada, moderna y, sobre todo, estable, que proporcione estabilidad política".


La consecuencia no deseada de lo contario es un aumento de la litigiosidad, ha advertido la representante de la CEOE, que ha recordado que entre 2012 y 2015 el número de asuntos abiertos en los órganos judiciales fue de entre ocho y nueve millones por ejercicio.


En 2016, según ha concretado, ha habido una "tendencia a la baja" con una reducción de asuntos hasta los 5,8 millones, por lo que el número de casos "pendientes" ha bajado a 2,2 millones.


"Esta es una buena noticia, se van reduciendo y ese sería el objetivo, ir reduciendo la litigiosidad", ha manifestado Plaza Arregui.


MILES DE NORMAS NUEVAS EN LOS BOLETINES OFICIALES


Además de apuntar que en 2016 en España se aprobaron 781 normas a nivel estatal y autonómico --más 1.950 a nivel europeo, tal y como ha precisado--, que supusieron la redacción de 900.000 páginas en los boletines oficiales a ambos niveles, Plaza Arregui ha recordado que la CEOE propone medidas como la 'cartera del empresario' y otras diez.


Entre ellas están eliminar y evitar duplicidades legislativas; reforzar el papel del Consejo de Estado, el papel del Consejo Económico y Social (CES) o de las conferencias sectoriales de cada ministerio; elaborar un plan de racionalización normativa; racionalizar las empresas públicas de forma que se eviten duplicidades y costes adicionales; crear una base de datos única, y "respetar" el carácter consultivo de las empresas.


En este sentido, ha concretado que la CEOE ha detectado 92 cargas que, de ser eliminadas, supondría un ahorro que cifra en 500 millones de euros.


También ha insistido en una serie de propuestas "muy concretas" que plantea la CEOE, como la creación de la 'carpeta del empresario' para facilitar los procedimientos con las administraciones o que el Instituto Nacional de Estadística (INE) haga uso de la digitalización para obtener directamente los datos de las empresas de sectores como la industria, el comercio y servicios, de cara a elaborar sus estudios anuales.


A este respecto, y citando los datos del año 2014, los últimos disponibles, Plaza Arregui ha precisado que ese año tuvieron que rellenar un cuestionario un total de 179.5000 empresas, "en muchos casos" pequeñas y medianas empresas "que no tienen ni los medios ni el conocimiento necesarios para hacer frente al entramado legislativo".


CEOE demanda asimismo que sean las propias empresas las que digan a qué dirección debe enviar la Administración Pública las notificaciones porque en la actualidad recae en el administrado "la responsabilidad de comprobar de forma continua" si se han recibido notificaciones.

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