El Gobierno y la Justicia se apoyan en la Guardia Civil para frustrar el referéndum secesionista

Desde que el 27 de enero verificara las declaraciones del juez y senador de ERC Santiago Vidal, el Gobierno central y la Justicia se apoyan en la Guardia Civil para supervisar cada uno de los pasos que da el Gobierno catalán hacia el referéndum del 1-O.

Así, el Instituto Armado ha actuado como Policía Judicial desde que el 27 de enero verificara las declaraciones del juez y senador de ERC Santiago Vidal acerca de un censo ilegal con datos fiscales de los catalanes.

La última actuación de la Guardia Civil fue este jueves, cuando dos agentes de paisano se personaron en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) para notificarle a la dirección el auto judicial en el que se solicita información detallada sobre los organizadores y el pago del evento celebrado el 4 de julio en el que se presentó la ley para celebrar el referéndum.

JxSí, la CUP y el resto de organizaciones que apoyan la 'hoja de ruta' secesionista han denunciado en numerosas ocasiones el papel desempeñado por la Guardia Civil. El jueves, por ejemplo, el diputado Lluís Llach calificó de "atentado a la libertad de acción política" el requerimiento de información al TNC, asegurando que era propio del tardofranquismo.

El Instituto Armado ha obviado estas críticas para ir de la mano en los últimos mes de la Fiscalía y del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que acumula la práctica totalidad de las diligencias judiciales relacionadas con los preparativos del referéndum.

Las actuaciones de la Guardia Civil en Catalunya en las que, en cumplimiento del mandato judicial, ha tomado declaración a funcionarios y responsables de empresas que optan a ser adjudicatarias de los contratos con los que la Generalitat trata de burlar la prohibición del Tribunal Constitucional se han ido sucediendo desde el inicio del año.

DESDE EL JUEZ VIDAL HASTA EL TEATRE NACIONAL

Así, el 27 de enero, la Fiscalía pide a la Guardia Civil que asuma las funciones de Policía Judicial para verificar las palabras pronunciadas en varias conferencias por el juez y entonces senador de ERC Santiago Vidal. En dichas conferencias, afirmó que la Generalitat disponía "de manera ilegal" de los datos fiscales de los catalanes. También aseguró que el Govern estaba clasificando a los jueces según su ideología.

El 24 de marzo, la Fiscalía Superior de Catalunya anuncia la apertura de diligencias de investigación, en colaboración con la Guardia Civil, por si la Generalitat está preparando ya su anunciado referéndum de independencia, en base a noticias y al anuncio publicado en la prensa de dicha campaña sobre el registro de catalanes en el extranjero.

El Ministerio Público entendía que los preparativos podían estar "en frontal infracción de las decisiones adoptadas por el Tribunal Constitucional". Hasta el 9 de junio, el presidente Carles Puigdemont no anunció formalmente la celebración del referéndum, fijando el 1 de octubre como la fecha de votación pero sin firmar el decreto de convocatoria (previsto para septiembre) para evitar la actuación de la justicia contra los firmantes.

El 31 de marzo, la Guardia Civil se persona por orden de la Fiscalía en una veintena de empresas tecnológicas, consultoras y de ciberseguridad, a las que da un plazo de ocho días para que entreguen la información sobre los contratos intercambiados con la Generalitat en su intento de disponer de una 'estructura de Estado' para la sedición, incluyendo sus propios servicios de inteligencia y agencia tributaria.

El Ministerio Público apreció posibles delitos de sedición, malversación y desobediencia en el plan del Govern para proceder a la "desconexión" de España, advirtiendo a las empresas de sus responsabilidades penales por su colaboración con un referéndum ilegal.

El 27 de junio, la Generalitat informó de que las dos empresas que habían optado al concurso para la adquisición de 8.000 urnas habían renunciado al mismo, obligando al Govern a buscar alternativas.

El 28 de julio, la Guardia Civil toma declaración en la comandancia de Travessera de Gràcia a varios funcionarios de la Generalitat por su implicación en la elaboración de la web del 'Pacte pel Referèndum' y en la campaña institucional que animaba a los catalanes que viven en el extranjero a apuntarse en el llamado "Registro de catalanes en el exterior".

El Instituto Armado también tomó declaración a la empresa de comunicación que se encargó de hacer la campaña publicitaria del registro de catalanes en el exterior.

El 13 de julio, agentes de la Guardia Civil acuden al Teatre Nacional de Cataluña (TNC) para presentar un auto del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona en el que se le notifica que dispone de cinco días para informar sobre el alquiler de este espacio para el acto en el que el Govern dio detalles de la ley con la que se pretende convocar el referéndum del 1-O.

En ese acto, celebrado el 4 de julio, el presidente Carles Puigdemont y su vicepresidente Oriol Junqueras trataron de convencer, arropados por el Govern (remodelado este viernes) de que la ley de convocatoria cumplía las garantías democráticas. Dos agentes de paisano notificaron que el juez exigía detalles sobre quién pagó y organizó este acto.