​El Senado propone que los hijos de maltratadores puedan quitarse el apellido paterno

El informe de la ponencia de estudio aprobado el pasado lunes 24 de julio en el Senado con 267 propuestas y recomendaciones para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género propone que los jóvenes que han sufrido violencia machista puedan quitarse el apellido del padre maltratador.

El texto será aprobado el 28 de julio por la Comisión de Igualdad del Senado.

Así, el documento recoge la posibilidad de prescindir del apellido del padre maltratador cuando los hijos cumplan la mayoría de edad, tal y como propuso durante su comparecencia --también recogida en el informe--, la directora del Centro de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Por otro lado, el informe propone sustituir la declaración de la víctima de violencia de género en el juicio oral por la videograbación de su declaración en fase de investigación para evitar "una segunda victimización y la impunidad de los agresores".

La dispensa de la obligación de la víctima a declarar contra su agresor en el juicio oral fue uno de los puntos en los que no existió acuerdo en la subcomisión del Congreso reunida este lunes 24 de julio. Si bien, sí lo hubo en el Senado donde la mayoría de asociaciones y expertas de la Fiscalía y el CGPJ que comparecieron durante los últimos meses pidieron que se revisase esta dispensa.

Según explican fuentes del Senado, si la videograbación de la declaración que la mujer realiza el primer día que acude a presentar la denuncia en el juzgado sirve como "prueba preconstituida", tal y como proponen, la víctima no necesitaría acogerse al derecho a la dispensa de declarar.

En todo caso, el informe recomienda la creación de una comisión de expertos en la materia, que analice si, aun con el derecho a la videograbación, es pertinente y necesaria la modificación del artículo 416 en un doble ámbito: sobre la aplicación o no de la dispensa a declarar y sobre la posible exclusión de dichos testigos de ser acusados como autores de un delito de falso testimonio --en caso de realizar una declaración distinta a la primera-- o por desobediencia a la autoridad en el supuesto de no comparecer.

Por otro lado, en el marco de la ampliación del concepto de violencia de género a otros tipos --trata, mutilación genital, matrimonio forzado, violencia sexual-- el documento incluye un apartado específico en el que se contempla la realización de un plan de acción que visibilice la violencia sexual --a través de la recogida de datos y una macroencuesta--; y se realicen protocolos que actúen contra el "acoso callejero o la violencia sexual en las fiestas populares".

Según precisan las mismas fuentes, las expertas que han comparecido a lo largo de los últimos meses han puesto de manifiesto que existe "mucha violencia sexual escondida" que hay que sacar a la luz. Entre estos casos, se encuentran ejemplos recientes con las agresiones sexuales a mujeres en los Sanfermines, en Pamplona.

Asimismo, el Senado insta a trabajar, desde el consenso, en la aprobación de una Ley de Violencias Sexuales y recomienda impulsar una Ley Integral contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual.

SUSPENDER LAS VISITAS ANTES DE LA SENTENCIA

En un informe detallado y basado en las recomendaciones de los expertos que se complementará con el informe del Congreso para poder alcanzar el Pacto de Estado contra la violencia de género, la ponencia también sugiere modificar la legislación con el fin de "dejar en suspenso" el régimen de visitas para los padres maltratadores durante la tramitación del procedimiento, y hasta que recaiga sentencia.

Asimismo, el documento contempla rechazar la custodia compartida en supuestos de violencia machista para que el menor no quede desprotegido; y la suspensión de la misma, si ya estaba acordado este régimen, en los casos en que se haya adoptado una orden de protección para la madre o para el menor.

Para que los menores puedan recibir tratamiento psicológico, el texto insta a eliminar el consentimiento informado de los padres y bastará con "ponerlo en conocimiento" de la otra parte.

El informe recoge, asimismo, impulsar con las Comunidades Autónomas que los puntos de encuentro familiar sean siempre específicos y no sean utilizados como instrumento de mediación, sino para aquellos supuestos en los que el juez establezca un régimen de visitas.

También reconoce el derecho de preferencia de acceso a vivienda protegida por parte de las personas que asumen la patria potestad, tutela o acogimiento permanente de los niños que han quedado huérfanos como consecuencia de la violencia machista.

Además, insta a abordar en las estadísticas los abusos sexuales a menores y a realizar una Macroencuesta que saque a la luz el número de menores que sufren abusos sexuales.

En cuanto a las madres de los niños asesinados por sus padres en el marco de esta violencia machista, el informe sugiere que se reconozca a estas madres también como víctimas de violencia de género.