Lo que ha llegado a pasar en el Aeropuerto de Barcelona es la triste historia de una crisis anunciada. Salvo los viajeros que han pagado las tasas y, pese a ello, siguen sufriendo las consecuencias de este desastre, las demás partes son culpables del desbarajuste producido.

Ahora le toca a la Guardia Civil volver a unas competencias que nunca debería haber abandonado por el bien de la seguridad de los viajeros. El Gobierno de España es doblemente responsable de lo que ha pasado. Primero, porque ha reaccionado tarde, y en segundo término porque una de sus empresas, Aena, también lo ha hecho mal, porque permitió o aceptó, llámenlo cómo quieran, una contrata temeraria a nombre de una empresa de seguridad de inferior nivel llamada Eulen, cuyos representantes sindicales se han puesto las botas de la radicalidad a cuenta de quienes compran un billete y tienen todo el derecho a indignarse por el trato recibido.

Del sueldo que cobran los trabajadores de Eulen solo cabe decir que es muy bajo como consecuencia de la crisis que este país ha sufrido, que todos los asalariados han sufrido y de la que todavía, digan lo que digan en Madrid, todavía no hemos salido. Su escasa sensibilidad para entender este hecho innegable les va a conducir a un laudo obligatorio y, con ello, a las consecuencias derivadas del mismo. Ellos sabrán si un poco más de prudencia no les haría presentarse ante la opinión pública como sus colegas los controladores o los pilotos que se han ganado para muchos lustros la antipatía de la mayoría de la gente. La huelga es un derecho fundamental, pero lo de estos señores ha superado los límites de la paciencia ciudadana.

La Generalitat ha entrado tarde en un conflicto del que ha querido sacar rédito político. Menos mal que ha rectificado a tiempo y ha sabido involucrarse en la mediación que ha sido, como decimos los periodistas, la percha que ha servido para encontrar el camino de salida al conflicto. Ahora toca que sepa aprovechar su nuevo rol y el Gobierno del Estado le deje meter cuchara en el Aeropuerto del Prat.

Cuando acabe todo, Fomento debe replantearse fríamente si Aena debe seguir gestionando el Aeropuerto de Barcelona a la vista de su desastrosa gestión de la crisis, o si debe, como se hace en medio mundo, entregar esa gestión a otra empresa internacional con experiencia en el sector que garantice a los viajeros, por lo menos, una compensación económica justa por haberles amargado las vacaciones, que también, señores huelguistas, es un derecho constitucional.

Como esto no ha acabado, dejamos en este punto el análisis de esta barbaridad aeroporturia para no encender aún más los ánimos, que ya están bastante caldeados. Ojalá que lo del procés no acabe de añadir una guinda a este negligentemente quemado horno de la cocina política española.