Segun del PSOE, Zoido y su equipo podrían ser acusados de prevaricación y su reforma anulada

La reforma de mandos de la Policía y la Guardia Civil podría ser declarada nula

Los socialistas exigen que el ministro, Juan Ignacio Zoido, explique en el Congreso la reciente reforma de mandos de la Policía y de la Guardia Civil ya que podría ser declarada nula e incluso cabe que sus responsables sean acusados de prevaricación.

La reforma llevada a cabo a finales de julio y aprobada por el Consejo de Ministros como real decreto, reestructuró las cúpulas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil con cambios en las Direcciones Adjuntas Operativas (DAO), que se duplicarán en jefaturas centrales. El nuevo organigrama supone la desaparición de las DAO creadas en 2006 y supeditadas entonces al Mando Único, todo ello tras las polémicas protagonizadas en la etapa del ministro Jorge Fernández Díaz.

En un escrito recogido en el Congreso, el PSOE denuncia que aquella reforma fue "precipitada, irreflexiva, irresponsable y, con toda seguridad, ineficaz", y desde Interior se dieron cuenta de que no se había previsto una fase de transición, por lo que días después, el 7 de agosto, el Ministerio sacó una orden ministerial reponiendo a los afectados por la desaparición de las direcciones adjuntas operativas.

ORDEN MINISTERIAL NULA DE PLENO DERECHO

Para el portavoz socialista de Interior, David Serrada, el equipo de Zoido, pese a su procedencia judicial, "se saltó las normas más básicas del Derecho, como la jerarquía normativa", pues una orden ministerial no puede corregir un real decreto que pasa por Consejo de Ministros.

A su juicio, la continuidad temporal de los afectados incluida en esa orden ministerial posterior resulta "nula de pleno derecho" y las medidas que adopten interinamente esos cargos policiales carecen de validez administrativa. Es más, el PSOE entiende que se podría incurrir en "una grave y perseguible infracción de prevaricación".

En ese contexto, el Grupo Socialista ha pedido conocer los informes técnicos que se manejaron en el Ministerio para sacar adelante la reforma del organigrama y pide explicaciones al respecto a Interior mediante una serie de preguntas parlamentarias por escrito.

"¿Es consciente el Gobierno que cualquier acto o decisión que adopten los miembros 'rehabilitados' es nula de pleno derecho y puede ser impugnada, además de poder incurrir en prevaricación?", reza uno de los interrogantes planteados.