Rebelión contra Pablo Iglesias por el Comité de Garantías

La dirección de Podemos abrió un expediente disciplinario a Olga Jiménez

Cinco federaciones de Podemos -Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra y La Rioja- se han rebelado contra la dirección del partido que lidera Pablo Iglesias por las maniobras para apartar a Olga Jiménez de la presidencia del Comité de Garantías.

Junto a las cinco federaciones, los dirigentes que se han sumado a las quejas a título personal proceden de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Canarias, Asturias, País Vasco, Extremadura y Galicia. Todos se han adherido al contenido "íntegro" del comunicado de Olga Jiménez.

Cabe recordar que el Comité de Garantías, formado por diez miembros, es "el órgano encargado de velar por el respeto a los derechos de los inscritos en Podemos y el cumplimiento de los principios fundamentales y normas de funcionamiento de la organización", según recoge el reglamento de este partido.

El conflicto empieza cuando este órgano acuerda proponer la nulidad de los nuevos estatutos, que estables un régimen disciplinario e incluso sanciones para quien filtre información interna, por no figurar en los documentos aprobados en Vistalegre II.

A raíz de dicha resolución, tres miembros del comité, Argiro Giraldo, María del Rosario Rodero e Isabel Serrano, discreparon y denunciaron a Olga Jiménez por "excederse en sus funciones", por lo que la dirección de Podemos optó por abrir un expediente disciplinario a la presidenta del órgano.

Jiménez y parte del Comité alegan que los nuevos estatutos contemplaban modificaciones no votadas en el último congreso del partido y que, por ello, éstas deberían ser ratificadas por las bases.

En concreto, la resolución del órgano rechazaba la nueva composición del mismo Comité propuesto por la dirección, que contemplaba pasar de cinco miembros titulares y cinco suplentes a diez miembros cuyo voto valga lo mismo, por no estar incluido en el documento organizativo DesBorda elegido en Vistalegre II.

La resolución del tribunal también cuestiona, por la misma razón, el nuevo régimen disciplinario previsto por los estatutos, que prevén, en caso de difusión de "noticias falsas", inhabilitaciones para el desempeño de cargos en el partido o de representación pública por un periodo de entre seis meses y dos años.

APOYO DE LAS FEDERACIONES

Así, la federación madrileña ha apoyado en un comunicado "la total autonomía e imparcialidad" del Comité de Garantías y ha exigido "el deber de inhibición" de los tres miembros denunciantes.

Podem Cataluña critica, por su parte, la "arbitrariedad" con la que la Ejecutiva "ha interpretado los documentos aprobados" en el último congreso, "eliminando la autonomía del Comité de Garantías", mientras que las otras tres federaciones nombradas se expresan en términos similares.

Fuentes del partido contrarias a la dirección de Pablo Iglesias han criticado "el golpe a la democracia interna" que supone "la persecución" de la presidenta del Comité de Garantías “por coordinar un órgano bajo los principios del derecho”, ante lo que concluyen: "La Ejecutiva debe rectificar".

Por su parte, un documento difundido por la Secretaría de Organización recuerda que en Podemos "no hay aforados" y que "jamás un Consejo de Coordinación ha dejado de tramitar una solicitud de investigación de ninguna Comisión de Garantías Democráticas", por lo que este caso no será una excepción.