La farmacéutica Boheringer Ingelheim, acusada de obtención ilegal de datos sanitarios

Sede de la farmacéutica Boheringer Ingelheim

La Asociación del Defensor del Paciente se ha puesto en contacto con los Gobiernos de Andalucía y Extremadura para trasladarles el caso de la obtención, presuntamente ilícita, de datos de pacientes por parte de la farmacéutica Boehringer Ingelheim.

Esta farmacéutica está siendo investigada por la Fiscalía Provincial de Barcelona por obtener información de los servicios clínicos de manera presuntamente ilícita. Por ello, el Defensor del Paciente busca denunciar los "gravísimos hechos que podrían constituir ilegalidades varias" con grave vulneración al Derecho Fundamental a la Intimidad de pacientes.

El pasado mes de abril, El Confidencial Digital publicó que la Fiscalía Superior de Justicia de Andalucía abrió una investigación por la presunta difusión ilícita de información confidencial sobre pacientes y más de 250 funcionarios de la Sanidad andaluza y extremeña.

Según consta en la denuncia admitida a trámite por la Fiscalía de Andalucía, un trabajador de la farmacéutica Boehringer Ingelheim comunicó a la empresa, por vía interna, que estaba recibiendo datos confidenciales sobre pacientes y funcionarios de Salud. Dicho trabajador empezó entonces un pleito laboral con la empresa.

Posteriormente, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía remitió a la Fiscalía Provincial de Barcelona la investigación sobre la extracción de datos de salud por parte de la farmacéutica Boheringer Ingelheim, debido a que su sede se encuentra en la ciudad Condal, una investigación que sigue en marcha.

Según las pruebas que sustentan la denuncia de Defensor del Paciente, se utilizaron técnicas de imagen, acceso a emails internos, pantallazos de sistemas informáticos de gestión sanitaria, obteniéndose documentos internos de salud.

DATOS SIN AUTORIZACIÓN

La presidenta de la asociación, Carmen Flores, ha recalcado a ambos gobiernos que todos esos datos "están especialmente protegidos por la legislación Española y Europea vigentes en materia de Derecho Fundamental a Intimidad y protección de datos".

Se trata, según la denuncia, de datos "obtenidos supuestamente sin autorización de los propietarios de los ficheros, ni autorización de pacientes afectados, ni autorización de funcionarios públicos cuyos datos personales fueron extraídos".

RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS

El Defensor del Paciente se dirige ahora tanto a la Junta de Andalucía como a la de Extremadura, "como propietarios y responsables de la custodia y privacidad de los datos personales y de salud supuestamente violados".

La asociación también manifiesta que se pone "a su disposición" para "cualquier actuación que planteen, legal o Administrativa, en su condición de responsables de la tutela y custodia de los datos personales, de salud que obtienen y gestionan los Servicios autonómicos de Salud, para único uso de la Sanidad Pública y no para uso de una empresa farmacéutica".

Por último, dan por hecho que, a partir de este momento, los Gobiernos autonómicos "no podrán alegar desconocimiento" del caso y, por tanto, "el silencio será constatación de que asumen la responsabilidad por la dejación de funciones al no tomar las medidas oportunas".