martes, 17 de octubre de 2017 09:58
Editorial

HEMOS TOCADO FONDO

Manuel Fernando González
Manuel Fernando González

A Coruña, 1952

Lluis companys proclama republica



Recordar la historia a veces nos enseña a entender las cosas que hoy parecen incomprensibles. Como quiera que el hombre es el único animal en la tierra capaz de tropezar dos veces en la misma piedra, mirar lo que hicieron nuestros ancestros resulta siempre útil para todos los que siempre hemos buscando un porqué a los comportamientos de quienes nos dirigen desde los púlpitos del poder.


Así que, si les parece, vamos a recordar los hechos que llevaron a otro president de la Generalitat a desafiar a un Gobierno de España, el de la República, y en qué acabó la cosa.


Recordemos:


Eran las ocho y diez minutos de la tarde del 6 de octubre de 1934, cuando el president Lluis Companys se asomó al balcón de la Generalitat y, acompañado de sus consejeros, proclamó la República Catalana.


"En esta hora solemne, en nombre del pueblo y del Parlamento, el Gobierno que presido asume todas las facultades del Poder en Catalunya y proclama el Estado Catalán".


Agustí Calvet, ‘Gaziel’, entonces director de La Vanguardia, tras escuchar el discurso por la radio escribía:


"Es algo formidable. Mientras escucho, me parece que estuviera soñando. Eso es, ni más ni menos, una declaración de guerra. ¡Y una declaración de guerra —que equivale a jugárselo todo, audazmente, temerariamente— en el preciso instante en que Cataluña, tras siglos de sumisión, había logrado sin riesgo alguno, gracias a la República y a la Autonomía, una posición incomparable dentro de España, hasta erigirse en su verdadero árbitro, hasta el punto de poder jugar con sus gobiernos como le daba la gana! En estas circunstancias, la Generalidad declara la guerra, esto es, fuerza a la violencia al Gobierno de Madrid, cuando jamás el Gobierno de Madrid se habría atrevido a hacer lo mismo con ella".


En la fracasada rebelión del 34 murieron cuarenta y seis personas, treinta y ocho civiles y ocho militares.Más de tres mil ciudadanos fueron encarcelados, la mayoría de ellas en el vapor "Uruguay", y luego puestas bajo la jurisdicción de los consejos de guerra.


El president y el Govern de la Generalitat fueron juzgados por el Tribunal de Garantías Constitucionales y condenados por “rebelión militar” a treinta años de prisión. La autonomía catalana de entonces fue suspendida indefinidamente. Los condenados acabaron la mayoría en el Penal del Puerto de Santa María.


Luego, el gobierno del Frente Popular los indultaría y la Guerra Civil nos dejaría de nuevo los claro-oscuros de la falta de lealtad de los dirigentes de la Generalitat hacia el Gobierno republicano, que los historiadores no han dejado de explicar y que son de todos conocidos. Esa es la historia, resumida en unas pocas líneas.


Hoy estamos ante la disyuntiva de que otro president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y su Gobierno han desobedecido la legalidad constitucional, que es patrimonio de todos los demócratas españoles -no solo del Gobierno Rajoy, como aseguran sus mas fanáticos seguidores independentistas-; patrimonio del conjunto de ciudadanos libres del Reino de España.


¿Qué se puede hacer? ¿Estamos ante una repetición del drama que vivieron nuestros abuelos, o lo de ahora es diferente?


Volvamos a la cita periodística del momento, pero acudamos esta vez a 'El País', el mismo diario que en el golpe del 23F fue la referencia periodística de la joven democracia española. Les cito ahora, con gran dolor profesional, porque mucho me temo que de la vieja Vanguardia liberal de 1934 solo queda la cabecera. Escribe hoy el diario que fundó Jesús de Polanco:


"En estos momentos de especial gravedad nos vemos en la obligación de volver a expresar con firmeza nuestro apoyo a la Ley Fundamental y nuestra defensa de los derechos de los catalanes y de todos los españoles. Esta defensa no ha impedido nuestra reiterada petición de reformas y apoyo a una revisión del texto constitucional que incorpore el federalismo como fórmula de organizar la convivencia de los ciudadanos de las distintas comunidades y territorios. Pero ante el desafío planteado por la Generalitat lo primero e inmediato es frenar este descarado golpe contra la democracia. Ya llegará el tiempo de pedir responsabilidades.

El presidente del Gobierno debe convocar de urgencia a los principales partidos parlamentarios para informarles de las medidas que adoptará para restaurar la legalidad con eficacia y pedir su apoyo. Y debe comparecer públicamente para explicar la situación a todos los españoles. Tiene la razón y la legitimidad de su parte. Pero, sobre todo, tiene la responsabilidad y la obligación de actuar para evitar que España se convierta en un Estado incapaz de hacer cumplir las leyes y de que se respete su Constitución".


O sea, que por lo que leo, pronto veremos con enorme preocupación los primeros días de octubre de este aciago año de 2017 que volveremos a estar dando los primeros pasos de aquel terrible octubre de 1934, tras el cual vino lo que vino, con la especial diferencia de que el Gobierno del Estado actual es de otro signo político, y que los que ahora quieren romper el orden constitucional son los ‘hereus’ de la misma burguesía catalana elitista e hipócrita de entones.


Lo malo es que los de ahora ya no se conforman con robarnos el 3% en las obras públicas, sino que lo que quieren es quedarse con todo el país, y por encima de cualquier cosa, sacar de la cárcel a sus parientes corruptos y convertir Catalunya en un estado totalitario -y digan lo que digan, antidemocrático- con la ayuda, eso sí, de los anti-sistemas más reconocidos y violentos de aquí y de fuera que ya han asomado el morro en la pasada Diada.


Han vuelto a engañar a la gente y se han vuelto a esconder, esta vez tras una estelada de origen cubano.


Con todos mis respetos para los independentistas honestos que defienden una ideología que no comparto, y como diría mi amigo el menchevique que sigue buscando a su padre republicano en una de las miles de fosas comunes que nadie quiere abrir: Hemos tocado fondo.



Artículo publicado originalmente en Catalunyapress

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