La Generalitat disuelve la pseudo Junta Electoral para el referéndum ilegal
La Sindicatura Electoral de Catalunya cede sus funciones entes públicos, académicos e internacionales observadores, tras el aviso de multas del Tribunal Constitucional.
El Govern ha pedido este viernes 22 de septiembre a la Sindicatura Electoral de Catalunya -creada por el Parlament para ejercer de junta electoral para el referéndum ilegal- que se disuelva y ceda sus funciones a entes públicos, académicos e internacionales observadores del 1-O.
El Tribunal Constitucional (TC) fijó el jueves multas diarias de 12.000 euros para cada uno de los cinco miembros de la Sindicatura y de 6.000 para cada síndico territorial -también nombrados al crearse el ente- si no desisten de organizar el 1-O.
La finalidad de estas multas no es sancionar, sino obligar a que se cumpla la resolución del TC, por lo que sólo se empiezan a imponer si se persiste en el incumplimiento a partir del día siguiente de que el BOE publique la resolución -se ha publicado este mismo viernes-.
La resolución les exige revocar todas las resoluciones y acuerdos que hayan adoptado, comunicar esa revocación a sus destinatarios y que los síndicos renuncien a sus cargos.
La Sindicatura Electoral está compuesta por los juristas Marc Marsal, Marta Alsina y Josep Pagès, y los politólogos Jordi Matas y Tània Verge; y además hay síndicos territoriales.
El Tribunal Constitucional impone multas diarias de 12.000 euros a los miembros de la Sindicatura Electoral
JxSí y CUP constituyen la Sindicatura Electoral con nocturnidad y alevosía
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