sábado, 21 de octubre de 2017 05:11
Economía

La Audiencia Nacional investiga a Ron y Saracho por la ampliación de capital del Banco Popular

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Angel ron y emilio saracho



El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu investigará a los expresidentes del Banco Popular Ángel Ron y Emilio Saracho por los los presuntos delitos de falsedades societarias y administración desleal, contra le mercado, falsedades documentales y apropiación indebida en el marco de la ampliación de capital de la entidad financiera en 2016.


En tres autos el magistrado ha admitido a trámite tres querellas contra el Banco Popular, los dos expresidentes y miembros de su Consejo de Administración, a los que citará en los días y horas que aún están pendientes por fijar.


Además, siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción ha acordado abrir dos piezas separadas. La primera de ellas está relacionada con la ampliación de capital realizada en 2016 por el importe de 2.505 millones de euros; y la segunda, investigará si el mercado se manipuló mediante la publicación de noticias que, según la querellante, contenían datos e informaciones "falsas".


Asimismo, el juez Andreu ha requerido documentación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), al propio Banco Popular, al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). También ordena al Banco de España que designe a dos funcionarios para que determine si la información contable explicada en el folleto y documentación sobre la ampliación de capital reflejaba la verdadera situación de la entidad.


El magistrado afirma que una de las querella hace referencia a la posible tipicidad derivada de las condiciones salariales e indemnización vitalicia fijada para Ángel Ron al cesar en el cargo de presidente del Consejo de Administración. 


Señala que estos hechos son constitutivos de un delito relativo a los mercados y los consumidores y que es competencia de la Audiencia Nacional su investigación por la grave repercusión del tráfico mercantil, debido a la cantidad de la operación -- 2.505 millones de euros--, así como por los miles de accionistas repartidos por toda España.


CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO


En cuanto a la segunda pieza separada, correspondiente a la época en la que Emilio Saracho presidió la entidad, se centra en si se realizó una campaña de desprestigio del Banco Popular para hacer caer el valor de la cotización de las acciones de la entidad y poder obtener importantes beneficios, lo cuál supondría un delito de manipulación del mercado.


También se analizará si se han incurrido en otros delitos por el uso de información privilegiada y relevante para la cotización de las acciones con la que los querellados se hubieran podido lucrar.


Por último, el juez Andreu ha requerido documentación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), al propio Banco Popular, al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y ordena al Banco de España que designe a dos funcionarios para que determine si la información contable explicada en la documentación y en el folleto sobre la ampliación de capital reflejaba una imagen fiel de la entidad financiera.

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