Anticorrupción considera acreditado que el PP se lucró ilegalmente con la trama Gürtel

Francisco Correa durante el juicio de la trama Gürtel.

La Fiscalía Anticorrupción ha elevado este lunes a definitivas sus peticiones de prisión para los 37 acusados en la primera época de la trama Gürtel (1999-2005), manteniendo su solicitud inicial de 125 años y un mes de prisión para el líder de la red corrupta, Francisco Correa; así como para la mayoría de los procesados. No obstante, ha introducido leves modificaciones que benefician al extesorero del PP Luis Bárcenas, a quién ha rebajado la petición tres años al eliminar de su acusación un delito contra la Hacienda Pública.

Las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás mantienen gran parte de su escrito provisional de conclusiones, pues continúa pidiendo las mismas penas de prisión para el 'cabecilla' de la red corrupta, Francisco Correa; su número dos, el exsecretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo; y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez 'El Bigotes'.

Asimismo, pide que el PP y la exministra de Sanidad Ana Mato sean multados con 245.492 euros y 28.467 euros, respectivamente, al considerarlos partícipes a título lucrativo.

La fiscal Concepción Sabadell han recordado que inicialmente había otros cuatro acusados: los fallecidos Leopoldo Gómez y Mar Rodríguez y el extesorero del PP Álvaro Lapuerta y el empresario Rafael Naranjo Anegón, cuyas actuaciones fueron archivadas por demencia sobrevenida.

Anticorrupción contempla la modificación de penas para los empresarios Jacobo Gordon, Alfonso García-Pozuelo y el exconcejal de Hacienda de Pozuelo de Alarcón Roberto Fernández por reconocer al inicio del juicio los hechos imputados. Finalmente, piden para Gordon cinco meses de prisión; una pena de dos años para García-Pozuelo; y para Fernández, once meses de cárcel.

ELIMINA DELITOS FISCALES A BÁRCENAS Y LÓPEZ VIEJO

Por otro lado, tras atender las periciales, la Fiscalía ha retirado a Luis Bárcenas -para el que se solicitaba 42 años y medio- uno de los ocho delitos contra la Hacienda Pública, el correspondiente al Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del año 2009, por el que le pedían tres años. Así, su petición de pena queda en 39 años y medio de prisión.

En cuanto a su mujer, Rosalía Iglesias, la Fiscalía propone al tribunal la alternativa de considerarla como cooperadora necesaria de los delitos fiscales que comparte con su marido, atribuyendo la responsabilidad de los mismos al extesorero 'popular'. De acogerse esta alternativa, la pena de Bárcenas podría verse aumentada.

La fiscal Sabadell ha explicado al tribunal que en el apartado relativo a las actividades de la trama Gürtel en Castilla y León, en el que aparece Bárcenas, se incluyen cambios debido a la documentación intervenida en el domicilio exgerente del PP de Madrid Beltrán Guitérrez, en el marco del caso 'Púnica', con la que se ha descubierto "pagos de origen desconocido".

También, ha retirado todos los delitos contra la Hacienda Pública de los que se acusaba al el exmiembro del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva del PP de Madrid, Alberto López Viejo, y su mujer, Teresa Gabarra. De este modo, para el exconsejero madrileño le piden seis años y medio menos, es decir, 39 años y medio de prisión; y para su esposa, un total de cuatro años de cárcel.

El escrito de acusación provisional del Ministerio Público ya indicaba la posibilidad de aplicar a los dos exdirigentes 'populares' la atenuante de reparación del daño por estos delitos. También se preveía esta condición para el denunciante de la trama, el exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas -que aportó 80 horas de grabaciones de conversaciones con Correa y otros acusados-,para el que se solicita 6 años y 5 meses de prisión.

MÁXIMAS PENAS PARA CORREA Y CRESPO

Salvo estas leves modificaciones, la Fiscalía Anticorrupción ha mantenido su acusación para los 30 acusados restantes y no cambia su petición de 125 años y un mes de prisión para Correa por considerarlo líder de la trama, pese a que el propio tribunal subrayase que es "una de las pocas partes del proceso que no ha impugnado nada" y revelase datos que llevaron a reabrir la investigación de una presunta caja 'b' del PP.

Pablo Crespo se enfrenta a la segunda mayor pena que pide el Ministerio Público es para Crespo, 85 años y 6 meses de cárcel; mientras que sólo se solicitan cinco años y dos meses para 'El Bigotes'. Estos tres acusados se encuentran en prisión desde el pasado mes de febrero cumpliendo la condena impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia por amañar los contratos del expositor institucional de la Generalitat Valenciana para Feria de Turismo (Fitur).

Por otro lado, las fiscales mantienen que el PP debe pagar una fianza de 245.492 euros por los delitos que presuntamente cometieron los exalcaldes de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón Guillermo Ortega -para el que se piden 50 años y 4 meses de prisión- y Jesús Sepúlveda -que se enfrenta 15 años y 4 meses-, respectivamente. Asimismo, reclama 28.467,53 euros para la exministra de Sanidad, y exmujer del exalcalde de Sepúlveda, Ana Mato, por beneficiarse de la financiación de fiestas familiares como cumpleaños y comuniones y viaje por parte de la trama.

EL PP, "CONFESO"

La Fiscalía ya consideró "confeso" al PP cuando el abogado de la formación política Jesús Santos, se negó a no declarar, como representante legal del partido, y se remitió a su escrito de defensa. La fiscal Concepción Sabadell calificó esta actitud de "evasiva" y "resistente".

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal reanudará la vista oral este miércoles, 11 de octubre, para que las defensas anuncien su petición final y que previsiblemente será de absolución en la mayoría de los casos. Según el calendario previsto, los informes definitivos serán expuestos a partir del 23 de octubre, día en el que los acusados tendrán que acudir a la sede judicial.

El juicio se inició el 4 de octubre de 2016 y analiza las operaciones que la red de Correa desarrolló entre los años 1999 y 2005 con ayuda de Crespo, etapa en la que organizaron un entramado societario utilizando sus contactos con responsables del PP para conseguir adjudicaciones irregulares de contratos públicos, el pago de comisiones y dádivas y ocultar al fisco las ganancias que ascienden a más de 40 millones de euros, según la Fiscalía.