Julián Muñoz, juzgado por presuntas irregularidades en siete convenios urbanísticos

Julian Muñoz y Juan Antonio Roca declarando.

La Sección Octava de la Audiencia de Málaga tiene previsto juzgar este martes al exalcalde de la localidad malagueña de Marbella, Julián Muñoz, al que era asesor urbanístico en el Ayuntamiento, Juan Antonio Roca, y a un empresario por supuestas irregularidades a raíz de siete convenios urbanísticos, que produjeron un perjuicio al Consistorio de unos cinco millones de euros, según el fiscal.

Esta causa parte a raíz de uno de los informes de Fiscalización del Ayuntamiento de Marbella y sus sociedades, en el que se analizan los distintos convenios urbanísticos firmados por los responsables municipales en los años en los que el Consistorio estuvo dirigido por el Grupo Independiente Liberal (GIL).

En este caso, se acusa a Roca, a Muñoz y a un empresario, que fue juzgado también por el caso 'Malaya', por siete convenios urbanísticos investigados, que fueron firmados por Muñoz como alcalde accidental y por el empresario, que representaba a tres sociedades, formando parte todas las parcelas al sector Elviria Sur, según las conclusiones iniciales del fiscal.

Según señala el ministerio público en su escrito inicial, en los siete convenios la dinámica era "similar, pactándose operaciones que contemplaban la modificación de las características urbanísticas de fincas, que quedaban supeditadas a la aprobación de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)".

Del aumento de edificabilidad de las parcelas resultaban "unos aprovechamientos urbanísticos a favor del Ayuntamiento que se monetizaban y se transfería a las mercantiles" representadas por el empresario investigado a un precio "que era inferior al valor de mercado, en perjuicio de los intereses del Ayuntamiento", dice esta acusación.

Se incide en que "el incremento grosero de los índices de edificabilidad de las parcelas suponía un perjuicio de la calidad medio ambiental del municipio de Marbella".

Asimismo, apunta que "el hecho de incrementar el número de viviendas en una parcela no solo infringe la norma, sino que genera un perjuicio constante, diario y perverso a los ciudadanos que van a sufrir sus consecuencias, pues se incrementa el número de habitantes por metro cuadrado".

El fiscal señala que se generaron "beneficios para todos" los intervinientes con estos convenios, que no fueron aprobados por el órgano de gobierno municipal; sosteniendo esta acusación que fueron "negociados, redactados y firmados" en la sociedad Planeamiento 2000 "controlada por Roca", contando con "la inestimable autorización" de Muñoz.

Los perjuicios establecidos en un informe pericial, por la "valoración a la baja" de los aprovechamientos transmitidos por el Ayuntamiento "asciende a 5,08 millones de euros, en lo que se refiere a la diferencia entre el precio dictado o negociado por Roca y el verdadero precio de mercado", señala la acusación pública, aunque añade que "el perjuicio efectivo vendría determinado por el agotamiento y explotación comercial de los aprovechamientos adquiridos por el promotor".

Por estos hechos, se acusa por los delitos de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística y fraude a los tres procesados --Roca y el empresario como inductores--, solicitando nueve años de prisión para cada uno e inhabilitación.