Hacienda quiere buscar "hasta el último céntimo" de dinero público gastado en el referéndum ilegal
La denuncia presentada ante el Tribunal de Cuentas pretende que la Fiscalía depure "posibles responsabilidades contables, civiles, administrativas y penales" por el uso dinero público para el 1-O.
Oriol Junqueras votando en el referéndum ilegal del 1-O
El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha explicado este miércoles en Ceuta que la denuncia que ha presentado ante el Tribunal de Cuentas pretende que la Fiscalía del órgano fiscalizador depure "posibles responsabilidades contables, civiles, administrativas y penales" por el uso de "hasta el último céntimo" de dinero público que el Consejo de Gobierno de la Generalitat catalana pudiese destinar directamente o a través de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) u Ómnium Cultural al "proceso refrendario ilegal e inconstitucional" del 1 de octubre.
Fernández de Moya ha precisado en declaraciones a los periodistas que "todos pudimos ver en los medios que ese día se cedieron gratuitamente espacios de titularidad autonómica como centros educativos para votaciones ilegales declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, así como la creación de páginas web, el traslado de urnas con medios públicos y el uso de bienes corrientes y servicios como suministro eléctrico".
La Secretaría de Estado ha pedido a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas ayuda para "saber el impacto que han tenido esas decisiones en el erario público y deducir responsabilidades por ello sobre el presidente, el vicepresidente y el resto del Consejo de Gobierno de la Generalitat catalana, que fueron quienes activaron esos medios administrativos o contractuales de titularidad autonómica".
La denuncia se extiende a la ANC y a Ómnium "para conocer con plena transparencia el origen de las subvenciones que reciben y la existencia de posibles responsabilidades contables, civiles, administrativas o penales que se deriven de su uso".
El Ministerio ha instado al órgano fiscalizador a solicitar a las entidades financieras la relación de pagos efectuados "con cargo a las subvenciones recibidas" para "depurar hasta el último céntimo que haya podido dirigirse a ese proceso refrendario ilegal e inconstitucional".
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