sábado, 20 de abril de 2024 04:16
Politica

Podemos llevará al Congreso las demandas de los Ayuntamientos del cambio sobre el Plan Estatal de Vivienda

El Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea ha anunciado este lunes que apoyará en el Congreso las alegaciones que han presentado los denominados Ayuntamientos del cambio al Plan Nacional de Vivienda 2018-2021.

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Obra Social La Caixa Vivienda

El Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea ha anunciado que apoyará en el Congreso las alegaciones que han presentado los denominados Ayuntamientos del cambio al Plan Nacional de Vivienda 2018-2021.


La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, y la diputada de En Comú Podem, Lucía Martín, han comunicado la decisión de respaldar las propuestas en una reunión celebrada este lunes en el Congreso con los ediles de vivienda de los Ayuntamientos del cambio, José Manuel Calvo (Madrid), Josep Maria Montaner (Barcelona), María Olvier (Valencia), Pablo Híjar (Zaragoza), Xiao Varela (A Coruña) y Eva Tubío (Cádiz), unas horas después de que los concejales presentaran sus alegaciones en el Ministerio de Fomento.


En la misma reunión, Montero también ha comunicado a los ediles la propuesta del Grupo Parlamentario de "crear un espacio de trabajo conjunto con los ayuntamientos" para desarrollar medidas dirigidas a "proteger el derecho a la vivienda digna" en España y su compromiso de impulsar en el Congreso las actuaciones que sean necesarias para llevarlo a cabo.


Algunas de las propuestas presentadas por los concejales contemplan "romper con la tendencia actual de recortes de más de 1.000 millones en vivienda en los últimos 8 años; aumentar el parque público de vivienda asequible; modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para proteger a los inquilinos o acabar con los beneficios fiscales de las SOCIMIS (las Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario); y penalizar la compra de vivienda habitual por entidades extranjeras no residentes".


Los ediles consideran que estas medidas son "urgentes e imprescindibles para poder garantizar unas políticas públicas de vivienda que respondan a las necesidades de la ciudadanía de todo el Estado".

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