jueves, 18 de enero de 2018 06:59
Opinión

LA INCIERTA LOTERÍA DEL 21-D

Clemente Polo
Clemente Polo
Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad Autónoma de Barcelona

Debat candidats 21d

Los candidatos se midieron en debates televisivos


Los catalanes estamos llamados a las urnas el jueves 21 de diciembre (21-D), pocas horas antes de que los niños del colegio de San Ildefonso canten el Gordo de Navidad, y los afortunados por la suerte lo celebren alborozados, abriendo botellas de cava y repartiendo abrazos en la puerta de alguna administración de lotería en cualquier rincón de España. El resultado de estas elecciones, como la lotería, se presenta muy incierto pero a diferencia de lo ocurre en el sorteo navideño, la incertidumbre podría subsistir tras conocerse los resultados. Los catalanes están llamados a decidir si quieren seguir enfangados en agrias disputas fratricidas, o prefieren pasar página a dos años de desgobierno y malas noticias económicas para encarar el futuro con esperanza. La fractura social y el enconamiento son tan grandes que nadie puede asegurar que las elecciones nos acercarán a la salida del laberinto.


ELECCIONES EXCEPCIONALES


Son las cuartas elecciones autonómicas en 7 años. Los catalanes votamos en 2010, 2012 y 2015, y vamos a hacerlo de nuevo en 2017, cuando en circunstancias normales las elecciones se habrían producido en 2010, 2014 y 2018. Algo va francamente mal cuando la duración media de las legislaturas a duras penas supera los 2 años, en lugar de los 4 previstos. La brevedad de la legislatura precedente no es la única razón por la que debamos considerar las elecciones del 21-D singulares y hasta excepcionales. Lo son también porque no las convocó Puigdemont, el anterior presidente de la Generalitat, que fue cesado junto con el resto de su gobierno después de que el Parlament de Cataluña votara el 27 de octubre una resolución, según la cual, Cataluña se constituía en un estado independiente en forma de república.


Desde su destitución, Puigdemont anda huido por Bélgica acompañado por cuatro de sus exconsejeros, y, aunque dice considerarse el presidente legítimo en el exilio, concurre a estas elecciones autonómica con un nuevo partido, Junts per Catalunya, en cuyas listas figuran en las primeras posiciones Sánchez, presidente de la ANC encarcelado, algunos de los consejeros huidos y otros consejeros detenidos y ya excarcelados. Igualmente insólita es la situación de Junqueras, el que fuera vicepresidente de Puigdemont, que se encuentra en prisión y es el candidato de ERC a la presidencia del gobierno de la Generalitat. Forcadell, la presidenta del Parlament disuelto, y varios ex consejeros de Puigdemont, todos ellos en libertad condicional figuran en los primeros puestos de las listas de ERC. Como casi todos saldrán elegidos, el día 22 nos encontraremos con que al menos una decena de diputados del nuevo Parlament, y dos de los aspirantes a presidir el gobierno de la Generalitat, Junqueras y Puigdemont, estarán encarcelados o huidos, y todos a la espera de sentarse en el banquillo del Tribunal Supremo para responder de los delitos de rebelión, sedición y malversación. El tríptico secesionista lo completan los renovados candidatos de la CUP que ya han manifestado que no apoyarán a ningún candidato que no rompa con la “lógica colonial del Estado” y se apreste a impulsar la república constituida el 27 de octubre.


A las elecciones concurren también tres partidos, llamémosles por brevedad, constitucionalistas: Ciudadanos, PSC y PP, los tres partidos cuyos diputados se ausentaron del Parlament el 27 de octubre. Sus líderes, Arrimadas, Iceta y García Albiol, respectivamente, se han comprometido a acabar de un modo u otro con el proceso secesionista. Arrimadas, la candidata de Ciudadanos, es la única de los tres que, a tenor de lo que apuntan algunas encuestas, libra una apretada lucha con ERC para ganar las elecciones. Promete hacer una auditoría y apagar el proceso. Iceta, primer secretario del PSC, apuesta por la reconciliación y se ha comprometido a no apoyar a Puigdemont y Junqueras. El compromiso de García Albiol, muy alejado de los puestos de cabeza, es sumar para que Cataluña tenga un presidente constitucionalista.


RESULTADO MUY INCIERTO


Todas las encuestas publicadas hasta ahora indican que los seis partidos a los que me he referido, más Catalunya en Comú-Podem (CeC-Podem), lograrán representación parlamentaria. Puesto que ninguna encuesta otorga a los partidos constitucionalistas los 68 diputados que permitirían asegurar la investidura de alguno de sus líderes, y sí hay varias que dan esa mayoría a los tres partidos secesionistas, no hay seguridad alguna de que las elecciones del 21-D pondrán punto y final al proceso de secesión, y, por ende, a la inestabilidad política e inseguridad jurídica que se ha adueñado de Cataluña desde las elecciones de 2012.


La investidura de Arrimadas no está asegurada, incluso si Ciudadanos resultara el partido más votado. Iceta no apoyará su investidura salvo en el improbable caso de que los tres partidos constitucionalistas lograran la mayoría absoluta. En el caso algo más probable de que no alcancen la mayoría absoluta pero superen en escaños a los partidos secesionistas, Arrimadas podría intentarlo pero los diputados de CeC-Podem, el partido de Colau y Domenech se opondrán a investirla. Iceta, por su parte, está jugando con habilidad sus escasas bazas, presentándose como el candidato catalanista comprometido con el diálogo y la reconciliación. En realidad, Iceta es un nacionalista interesado en aumentar la autonomía, mejorar la financiación de Cataluña, e impulsar una reforma ‘federal’ de la Constitución para convertir España en un estado confederal. Dispuesto a dialogar y a llegar a pactos, sí, pero con una preocupante inclinación a hacerlo con ERC, los ‘comunitas’ y hasta la CUP, que contrasta con la dureza exhibida contra Ciudadanos y, no digamos, contra el PP. Aunque posee una habilidad constatada para forjar tripartitos, la probabilidad de lograrlo en esta ocasión es pequeña, porque ERC tendría que aparcar el compromiso de impulsar la república y renunciar una vez más a la presidencia de la Generalitat para entregársela a Iceta.


El gran riesgo que presentan estas elecciones anticipadas es que los tres partidos secesionistas ganen de nuevo las elecciones y ERC sea la fuerza más votada. Si lograran superar el listón de 68 diputados, la investidura del candidato de ERC estaría asegurada en primera votación, siempre que ofreciera garantías a la CUP de seguir adelante con el proceso constituyente. En caso de no conseguir la mayoría absoluta, el candidato de ERC podría superar la votación de investidura gracias a la abstención de los diputados de CeC-Podem. Aunque la situación no sería exactamente igual que en 2015, puesto que la justicia va a seguir su curso inexorable y saltarse la Constitución y el Estatut ya no va a salirles gratis, la inestabilidad política y la inseguridad jurídica se prolongarían, y la fractura social se ahondaría.


COMPÁS DE ESPERA


Para salir de dudas tendremos que esperar a la noche del 21-D, o incluso bastante más tiempo si la fragmentación del Parlament y la dificultad de alcanzar acuerdos obligara a Rajoy a convocar nuevas elecciones, tras una o dos investiduras fallidas. No sería éste, ni mucho menos, el peor de los escenarios. Durante los meses de interinidad que se abrirían, la normalidad administrativa y la neutralidad de las instituciones estarían garantizadas, y los partidos y asociaciones secesionistas seguirían sin poder meter la mano en la caja de la Generalitat, como ocurría hasta que el Gobierno aplicó el artículo 155 y dejó claro que la impunidad con que habían operado hasta entonces había llegado a su fin.

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