viernes, 23 de mayo de 2025 07:48

Economía

El Gobierno prepara sanciones a Wizzair y Transavia por cobrar equipaje de mano

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha avanzado este miércoles en Bruselas que el Gobierno prepara sanciones contra las compañías de bajo coste Wizzair y Transavia por cobrar equipaje de mano, como ya hizo con Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea, a las que multó por un importe conjunto de casi 179 millones de euros.
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Archivo - Un hombre con una maleta a la salida del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, a 4 de agosto de 2023, en Madrid (España). El Ministerio de Consumo informó ayer, 3 de agosto, de que ha incoado una serie de expedientes sancionadores a varias ae

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha avanzado este miércoles en Bruselas que el Gobierno prepara sanciones contra las compañías de bajo coste Wizzair y Transavia por cobrar equipaje de mano, como ya hizo con Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea, a las que multó por un importe conjunto de casi 179 millones de euros.

"Estas otras dos empresas están en proceso de seguir los mismos pasos que las cinco anteriores", ha confirmado el ministro en rueda de prensa en la sede de la organización de Consumidores Europeos (BEUC, por sus siglas en francés) en la capital belga, donde se ha anunciado una denuncia ante la Comisión Europea y la red europea de consumidores contra las aerolíneas Easyjet, Norwegian Airlines, Ryanair, Transavia, Volotea, Vueling y Wizzair.

El Gobierno español ya multó con 179 millones de euros en noviembre de 2024 a cinco de estas aerolíneas --Ryanair, Vueling Easyjet, Norwegian y Volotea-- por cobrar suplementos "abusivos", una sanción que ahora Consumo quiere extender también a Wizzair y Transavia.

Las aerolíneas afectadas denunciaron entonces la sanción ante la Comisión Europea, que esta está examinando desde enero tras pedir información detallada a España. Fuentes comunitarias consultadas por Europa Press indican que el Gobierno ya remitió la documentación, que los servicios de la Comisión están aún evaluando.

"Es inaceptable que se intenten legalizar prácticas que son claramente ilegales y cualquier medida a nivel europeo debería mejorar y reforzar los derechos de los consumidores", ha destacado Bustinduy, quien ve "completamente incomprensible que las instituciones públicas sirvan a los intereses de las multinacionales en lugar de reforzar los derechos de los consumidores".

Al respecto, el ministro ha destacado que "el Gobierno español está intentando proteger la ley que defiende a los consumidores" ante la "proliferación de estas prácticas ilegales e ilícitas".

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