Asesores fiscales impugnan ante la Audiencia Nacional el modelo de devolución de IRPF a mutualistas jubilados

La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional y solicitará al tribunal que valore la posible inconstitucionalidad del régimen singular impuesto a los mutualistas para la devolución del IRPF indebidamente ingresado.

Esta impugnación se enmarca en la controversia generada tras la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que reconoció en 2023 el derecho de miles de mutualistas a recuperar parte del IRPF pagado en exceso, como consecuencia de aportaciones realizadas a antiguas mutualidades.

"Lejos de articular un procedimiento ágil y respetuoso con los derechos de los contribuyentes, el Gobierno ha implementado un sistema excepcional, fragmentado y dilatado en el tiempo, que establece un régimen singular de devolución para este colectivo, sin razón objetiva ni justificación normativa suficiente", han explicado fuentes de la Asociación a través de un comunicado.

Aedaf considera que este régimen, formalizado en la Orden Ministerial impugnada, vulnera derechos fundamentales y principios constitucionales tales como la igualdad, la prohibición de la arbitrariedad, la seguridad jurídica, la confianza legítima y la buena administración.

En lugar de proceder con la devolución de cantidades que han sido declaradas exentas por resolución judicial firme, Aedaf ha censurado que el Ejecutivo ha optado por establecer un calendario "discrecional" de reembolsos, diferido hasta 2029, y con procedimientos individualizados por cada ejercicio fiscal, "lo que limita gravemente el ejercicio efectivo de los derechos reconocidos judicialmente".

Cabe recordar que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avanzó a finales de marzo una modificación legislativa para dejar sin efecto este tratamiento singular de las devoluciones de los mutualistas y para que el pago se realizase de una sola vez este año.

Sin embargo, los asesores han criticado que esto aún no se ha traducido en "nada efectivo" y lo que ha hecho es acrecentar "la incertidumbre y la inseguridad jurídica" que rodean a este proceso.