Gestha destaca la nueva agencia de integridad pública como la medida más eficaz del plan contra la corrupción

Proponen el refuerzo de plantillas, funciones y medios en tres órganos e instituciones encargadas de combatir la corrupción

MADRID, 9 (EUROPA PRESS) El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, considera que la nueva agencia de integridad pública es la medida "más eficaz" recogida en el plan estatal de lucha contra la corrupción anunciado esta mañana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según los técnicos de Hacienda, esta agencia investigará las denuncias que se reciban por cualquier tipo de fraudes o corrupción, incluidas las referidas a la contratación de las administraciones públicas, así como la coordinación de las Agencias antifraude de Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Navarra, Andalucía y de los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona.

En este sentido, los técnicos de Hacienda han recomendado a través de un comunicado que para garantizar la independencia de esta agencia de integridad pública sea creada por las Cortes Generales, nombrar a la persona que la dirija y al comité de ética, dotar de funcionarios expertos en la persecución de la corrupción, aprobar su estatuto, el código de conducta y las normas para la integración de entidades expertas en su consejo de participación y que dependa del Congreso a efectos organizativos y presupuestarios.

REFUERZO DE PLANTILLAS Y MEDIOS EN ENTIDADES CONTRA LA CORRUPCIÓN
Gestha ha recordado que, a nivel estatal, únicamente existe el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude con carácter de agencia antifraude exclusivamente para los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El sindicato ha reclamado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que aumente las plantillas y la habilitación de los técnicos de auditoría y contabilidad en la Intervención General de la Administración del Estado, implementando procedimientos específicos para la detección de irregularidades, si se quiere extender los controles de los fondos europeos a la contratación de las Administraciones públicas.

Además, los técnicos han pedido reforzar los medios y la plantilla de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) que en siete años de funcionamiento desde 2016 ha investigado a 22.782 personas físicas y 1.123 personas jurídicas, ha localizado 13.185 bienes, entre los que destacan 3.934 productos financieros, 3.045 inmuebles, 2.530 vehículos o 12.127 sociedades, incluidas 117 embarcaciones o una aeronave, con un valor conjunto de 107,9 millones de euros, principalmente 83,8 millones en efectivo, 19,2 millones por ventas, entre las que se incluye un millón en ventas de obras de arte y joyas, y 3,6 millones en intereses.

Igualmente, Gestha ha reclamado aumentar el número de técnicos de investigación en las agencias antifraude regionales. En su opinión, la escasez de estos funcionarios es la causa principal por la que están en trámite casi la mitad de las denuncias recibidas en el último sexenio hasta fin de 2023 (478 denuncias pendientes).

APOYAN OTRAS MEDIDAS NOVEDOSAS
Los técnicos ven realmente novedoso el nuevo decomiso administrativo preventivo para incautar bienes sin esperar a la condena previa, aunque se permita la utilización de esos bienes si se designa como depositario a sus titulares.

Otras medidas más eficaces para prevenir y combatir la corrupción es el sistema de alertas rápidas de la corrupción para que las Oficinas antifraude analicen estos fraudes en fases tempranas, y el mayor compromiso con las leyes de Transparencia para reducir las denegaciones y recursos contra las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

También los técnicos de Hacienda ven el acierto en el establecimiento de controles patrimoniales aleatorios de altos cargos, la publicidad de donaciones a partidos y fundaciones políticas desde 2.500 euros, la próxima Ley de lobbies y grupos de interés, y las secciones especializadas en la corrupción en los nuevos tribunales de instancia.

Gestha respalda que las penas y los plazos de prescripción penal se dupliquen para que un mayor número de investigaciones puedan llevarse a cabo, que las multas se impongan en un porcentaje de los ingresos anuales de las empresas corruptoras, y que se impida a las empresas condenadas poder contratar con las administraciones públicas.

En este contexto, los técnicos proponen que la Fiscalía General del Estado dicte una Instrucción para que las Fiscalías pidan en todos los procesos penales por fraude y corrupción que las sentencias incluyan la prohibición de contratar en el sector público entre los cinco y diez años que el vigente Código Penal prevé para el cohecho, de seis a diez años para el tráfico de influencias y de dos a siete años para los fraudes en cualquier acto de las modalidades de contratación pública.