Gobierno dice que Abogado General de la UE no ve obligatorio hacer fijos a interinos para cumplir directiva

El Abogado General de la Unión Europea afirma que España "no precisa convertir en fijos a los trabajadores en abuso de temporalidad para cumplir con la directiva europea", según han defendido fuentes del Ministerio para la Función Pública.

Así se han pronunciado después de que el Abogado General de la UE, Rimvydas Norkus, haya asegurado que la ley europea no reconoce la condición de personal laboral fijo del sector público a los trabajadores indefinidos no fijos, con la condición, eso sí, de que el ordenamiento jurídico interno de cada país contenga, en este sector, al menos otra medida efectiva que permita evitar y, en su caso, sancionar la utilización abusiva de sucesivos contratos de duración determinada.

Sin embargo, el Abogado General reconoce que en el ordenamiento jurídico español "no parecen existir medidas efectivas que permitan sancionar debidamente el abuso". Así ha respondido al Tribunal Supremo español después de que la Justicia española elevara una consulta al TJUE en relación a la temporalidad.

En sentido, Función Pública ha destacado que el Abogado "reconoce que la normativa española y su marco constitucional no permite en el sector público convertir de manera automática la relación laboral temporal en fija sin incurrir para ello en una interpretación contraria al marco constitucional español".

Asimismo, ha señalado que según el Tribunal de Justicia de la UE "jamás ha exigido, o siquiera sugerido, que se reconozca la condición de personal laboral fijo o la de funcionario de carrera sin que haya superado previamente los procesos selectivos o los concursos, oposiciones o concursos-oposiciones previstos".

Para el departamento liderado por el ministro Óscar López, el Abogado General declara que "los procesos de estabilización son una medida complementaria para remediar una situación de abuso existente".

También han subrayado desde el Ministerio que se reconoce que las sucesivas reformas abordadas desde España "demuestran los esfuerzos acometidos para asegurar la conformidad de la normativa nacional a la Directiva". "A pesar de ello, sigue siendo preciso avanzar en medidas para lograr reducir la temporalidad y los riesgos de abuso", han reconocido las fuentes.