Distribuidoras eléctricas europeas señalan a España por inestabilidad regulatoria y baja rentabilidad en redes

La asociación de distribuidoras eléctricas europeas ha advertido de que España sigue enfrentándose a la inestabilidad regulatoria y de que la tasa de rentabilidad financiera (TRF) propuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para el próximo periodo regulatorio 2026-2031 para las redes eléctricas del 6,58% se mantiene por debajo de los índices de referencia internacionales, "lo que podría reducir el interés de los inversores".

En un documento conjunto E.DSO -de la que forman parte los 38 principales operadores de sistemas de distribución eléctrica europeos-, y GEODE han analizado cómo la regulación de ingresos en siete Estados miembros de la UE -Austria, Finlandia, Irlanda, Italia, Polonia, España y Suecia- permite a los gestores de redes de distribución eléctrica planificar, financiar y ejecutar las inversiones necesarias para reforzar la infraestructura de la red de distribución eléctrica y avanzar en la transición energética.

En concreto, España es el país que peor sale en esta comparativa de los principales países europeos, especialmente en los parámetros WACC, predictibilidad y balance Capex/Opex. En el otro extremo se encuentran Italia y Austria, con la mayoría de los elementos analizados valorados positivamente.

Así, la asociación destaca que, en lo que respecta al WACC (Coste Medio Ponderado de Capital) -la metodología utilizada entre los reguladores europeos para el cálculo de la tasa de retribución de las actividades reguladas del sector eléctrico y del sector del gas natural- propuesto en España para 2026-2031, "aunque superior al nivel actual, se mantiene por debajo de los índices de referencia ajustados al riesgo y sigue poniendo en peligro la atracción de capital para el nivel de inversión necesario".

Asimismo, alerta de que España "continúa enfrentándose a la inestabilidad regulatoria, con planes de inversión para 2023-2025 pendientes de aprobación formal y la remuneración de los operadores de sistemas de distribución a partir de 2023 aún sin publicar".

INSEGURIDAD JURÍDICA.
En este sentido, subraya que "persiste la inseguridad jurídica debido a las inspecciones ex post de las inversiones finalizadas sin criterios predefinidos, lo que genera inconsistencias procesales y retrasa la recuperación de costes".

"La ausencia de una metodología de remuneración estable continúa debilitando la confianza de los inversores y ralentizando el avance de las inversiones en la transición energética", añade al respecto.

Además, en su documento, E.DSO y GEODE señalan que la directiva 2019/944 de la UE, que establece planes nacionales de desarrollo de la distribución y mejora de la información al cliente, aún no se ha implementado en España.