AlianzAS alerta de que las propuestas para el SMI pueden comprometer la continuidad de servicios esenciales
La plataforma alianzAS, la confederación de asociaciones y empresas de servicios esenciales en España, ha alertado de que las propuestas para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2026 puede comprometer la continuidad de servicios esenciales --atención domiciliaria, dependencia o limpieza-- porque podría suponer hasta un 20% de incremento de costes salariales.
Los sectores que forman parte de alianzAS --limpieza, mantenimiento integral de edificios, restauración, servicios de atención a mayores, cuidados para personas dependientes y atención domiciliaria, servicios de instalaciones deportivas, contact centers, centros especiales de empleo y servicios energéticos-- concentran entre el 80% y el 90% de sus costes en salarios, por lo que cualquier incremento directamente asociado al SMI "tiene un efecto inmediato y multiplicado", según ha alertado la organización en un comunicado.
El comité de expertos que asesora al Gobierno sobre el salario mínimo interprofesional (SMI) ha planteado dos escenarios de subida de esta renta mínima para 2026: uno con tributación en el IRPF y otro, sin ella. Actualmente, el SMI está situado en 1.184 euros al mes por catorce pagas.
Los expertos sugieren incrementar el SMI para el año próximo en 37 euros al mes, hasta los 1.221 euros mensuales por catorce pagas, si se decide que siga exento de tributación, o elevarlo en 56 euros mensuales, hasta los 1.240 euros al mes, si se opta por su tributación en el IRPF.
En términos porcentuales, estas subidas serían del 3,1% en el primer caso (sin tributación) y del 4,7% en el segundo (con tributación), que son las que los expertos recomiendan efectuar para que el SMI represente al menos el 60% del salario medio, como establece la Carta Social Europea.
Para alianzAS, este extremo supondría poner en riesgo la continuidad de servicios esenciales como la atención domiciliaria, la dependencia, la limpieza, la restauración colectiva o los servicios de inclusión laboral.
La organización ha subrayado que estos sectores (muchos de ellos vinculados a contratos públicos de larga duración) no pueden actualizar los precios para absorber estos incrementos, debido a la propia Ley de Contratos del Sector Público, lo que podría derivar en abandono de contratos, pérdida de empleo y un deterioro inmediato de servicios básicos para millones de ciudadanos.
Así, la Confederación ha reclamado la modificación de los artículos "más problemáticos" de la propuesta de los expertos para subir el SMI y ha pedido abrir una mesa de diálogo técnico con el Gobierno para garantizar un desarrollo normativo "realista, aplicable y compatible con la calidad de los servicios esenciales".

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