El PSOE propone revisar la ley para dar indemnizaciones "justas" a las personas que sufren cortes de energía
El PSOE ha registrado una iniciativa en el Congreso con la que propone revisar la legislación vigente para mejorar la situación y la protección de los consumidores que sufren continuos cortes de suministro energético en diversas zonas de España, de manera que estos perciban indemnizaciones "justas y proporcionadas".
Los socialistas plasman esta petición en una proposición no de ley que se ha registrado para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico de la Cámara Baja, y donde se remarca que en muchos puntos de la geografía española hay personas y barrios enteros que sufren de estos cortes de suministro "encontrándose indefensos".
El PSOE esgrime que, con estos cortes, los afectados tienen dificultades para acceder al derecho a la alimentación, el estudio o la posibilidad de tener una casa en condiciones óptimas de climatización.
La formación apunta que los damnificados no pueden reclamar indemnizaciones acordes al sufrimiento que les hayan podido ocasionar en su vida diaria los cortes de energía, al estar topada por ley la cuantía de las indemnizaciones. En opinión del partido, esto incumple la directiva europea en materia de electricidad que obliga a los Estados miembros a no impedir el acceso a la red de distribución.
REVISAR UN DECRETO DEL AÑO 2000
La proposición no de ley hace referencia en concreto a la "compleja redacción" en cuanto al descuento, con "límite máximo", que se recoge en el artículo 105.3.b del decreto del año 2000 por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
La legislación, según el PSOE, genera indemnizaciones insuficientes comparadas al consumo, de manera que en una vivienda media en España con un consumo anual de 573,60 euros, la empresa distribuidora solo tiene que indemnizar con 57,30 euros.
Por ello, la propuesta insta a la revisión de ese decreto, para que los consumidores tengan garantizado el suministro eléctrico por el que pagan y, en los casos que no fuera así, "puedan ser compensados con indemnizaciones justas y proporcionadas".

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