viernes, 9 de enero de 2026 09:26

Economía

Un tribunal de Costa Rica reclama a RIU demoler parte de un hotel y restituir el manglar de una zona protegida

El Tribunal Ambiental Administrativo de Costa Rica ha condenado al Grupo RIU a proceder a la demolición de parte de uno de sus complejos hoteleros en Playa Matapalo al estar construido en zona protegida y devolver al manglar a su estado original.
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Plano general del Hotel Riu Guanacaste en Playa Matapalo.

El Tribunal Ambiental Administrativo de Costa Rica ha condenado al Grupo RIU a proceder a la demolición de parte de uno de sus complejos hoteleros en Playa Matapalo al estar construido en zona protegida y devolver al manglar a su estado original.

El tribunal ha resuelto a favor de la denuncia presentada por la entidad ecologista Confraternidad Guanacasteca contra el Hotel Riu Guanacaste y su responsable, Luis Riu Güell, por "graves impactos ambientales" cometidos durante la construcción del complejo hotelero ubicado en la provincia de Guanacaste, según ha informado el GOB en un comunicado.

Por su parte, en otra nota de prensa, el Grupo RIU ha mostrado su "respeto" por la institucionalidad y el debido proceso, aunque ha aclarado que "no comparte" lo resuelto por el tribunal de Costa Rica.

Así, han avanzado que "ejercerá todos los recursos y acciones legales previstos por el ordenamiento jurídico para hacer ver las inconsistencias y yerros" que, a su manera de ver, tiene la resolución.

El complejo hotelero se inauguró el 30 de octubre de 2009 y la sentencia, notificada a finales de 2025, determina que ha habido una "alteración y eliminación de vegetación de manglar" dentro de la zona pública, incluyendo la colmatación y destrucción de un manglar de 8.223 m2.

También habría enterrado hitos oficiales, que evidencian la "colmatación ilegal" del manglar y modificado el curso de un torrente --quebrada-- "sin autorización", lo que habría afectado a su zona de protección dentro de una finca que desembocaba en la zona marítimo-terrestre.

Por tanto, estas infraestructuras se habrían construido sobre el curso del torrente y su área de protección, hecho que confirma que parte del hotel "está edificado encima un espacio protegido y ambientalmente sensible".

A partir de estos hechos, el tribunal obliga el Riu Güell a eliminar la colmatación y devolver la zona marítimo-terrestre a su estado original, mediante un plan de recuperación del manglar, con un cronograma de ejecución que se tendrá que presentar en un plazo de 30 días hábiles.

Asimismo, tendrá que ejecutar un plan de reforestación con especies nativas, medidas de mitigación y elaborar un plan regenerativo que restituya el flujo de agua hacia el manglar afectado.

El GOB ha explicado que Confraternidad Guanacasteca es la entidad que presentó la denuncia original entre 2008 y 2009 y ve así confirmada su principal acusación, que es que el complejo hotelero fue construido "encima un torrente y su zona de protección, para alterar de manera grave el funcionamiento natural del ecosistema".

El GOB ha felicitado y reconocido la labor de la organización ecologista costarricense Confraternidad Guanacasteca, que, a su manera de ver, ha mantenido una defensa "rigurosa y persistente" del territorio.

Al mismo tiempo, en un comunicado han recalcado que este fallo evidencia "nuevamente" las prácticas ambientales y urbanísticas del Grupo Riu, que "tiene conflictos también en el Estado español".

Además, han alertado de la "impunidad" con que "demasiado a menudo" operan las grandes corporaciones turísticas y de la necesidad de "reforzar los mecanismos de protección ambiental en todas partes".

"El GOB celebra que la constancia del movimiento ecologista ha permitido sacar a la luz unos hechos de gran gravedad que nunca tendrían que haber quedado impunes", han alegado.

RIU ANUNCIA UN RECURSO Y DEFIENDE QUE "CUMPLE" LAS LEYES
Por su parte, la cadena hotelera ha adelantado que hará valer, por las vías correspondientes, las consideraciones técnicas y jurídicas que "estiman pertinentes" y ha apuntado que la resolución "no está en firme" y, por tanto, "no resulta ejecutable".

"RIU reafirma que ha actuado en cumplimiento de la legislación costarricense y, por prudencia y respeto al proceso en trámite, no brindará información adicional sobre las gestiones legales en curso", han explicado.

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