UBS advierte de que las nuevas reglas de capital propuestas socavarían la competitividad de la economía suiza

UBS considera que la propuesta del Gobierno de Suiza para la modificación de la Ley Bancaria y la Ordenanza de Adecuación de Capital generaría "importantes costes adicionales" y pondría en peligro la continuidad del exitoso modelo de negocio del mayor banco del país helvético, mientras que "socavaría la competitividad internacional" del centro financiero suizo y de la economía suiza.

La entidad suiza calcula que, de aplicarse la propuesta tal como se planteó, tendría que mantener un capital CET1 adicional estimado de aproximadamente 24.000 millones de dólares proforma (20.620 millones de euros).

De este modo, este lunes, ha advertido de que la propuesta generaría importantes costes adicionales y "pondría en peligro la continuidad del exitoso modelo de negocio de UBS", mientras que, la aplicación coherente del régimen actual, habría obligado en su momento a Credit Suisse a realizar ajustes estructurales mucho antes para garantizar la supervivencia de la firma.

En este sentido, defiende que la normativa actual para el tratamiento de las filiales extranjeras "es suficiente" y la aplicación coherente del régimen actual podría haber permitido una reestructuración oportuna de Credit Suisse como empresa en funcionamiento.

De tal manera, si bien ha expresado su apoyo a las medidas encaminadas a reforzar aún más la estabilidad financiera suiza, UBS "se opone" a las medidas de capital propuestas "por no ser proporcionadas, específicas ni estar alineadas con las normas internacionales".

En opinión del banco, con estas propuestas, UBS tendría requisitos de capital al menos un 50% superiores a los de sus competidores, lo que afectaría negativamente a sus actividades comerciales en Suiza y en el extranjero, y, en última instancia, "socavaría la competitividad internacional del centro financiero suizo y, a su vez, la economía suiza".

"Los requisitos de capital extremos generarían costes sustanciales para Suiza", sostiene la entidad, para la que no atribuir valor de capital regulatorio a las filiales extranjeras constituye un "sobreseguro" extremo, no alineado internacionalmente ni específico.

"Los cambios legislativos, tal como están redactados actualmente, no abordan las vulnerabilidades expuestas por la crisis de Credit Suisse ni reflejan adecuadamente las lecciones aprendidas de dicha experiencia", concluye la entidad.