Bustinduy ve "imprescindible" intervenir la vivienda ante la renta un 82% mayor de caseros que de inquilinos
Ve "margen" para negociar un decreto ley de intervención en el mercado de la vivienda, pero rechaza el anunciado ayer por Sánchez
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha indicado que es "absolutamente imprescindible" intervenir el mercado de la vivienda ante la brecha en la renta de caseros e inquilinos, que supone que los ingresos de los primeros sean un 82% superiores que de los segundos.
Esto supone que la brecha de ingresos entre los caseros y los inquilinos se sitúe en 23.638 euros, al tener los arrendadores una renta mediana de 52.449 euros, frente a los 28.810 euros de los inquilinos, según un informe elaborando el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a partir de datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2024 publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y dado a conocer este martes.
"En algunas comunidades autónomas esa diferencia es del doble. Tienen el doble de renta los caseros. Este es el contexto en el que se está dando la formidable crisis de vivienda que vive este país", ha expuesto Bustinduy este martes tras mantener un encuentro con la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV).
En este contexto, el ministro de Derechos Sociales ha indicado que no se pueden destinar recursos públicos a "premiar" a los caseros y ha reiterado el rechazo de Sumar a la propuesta anunciada ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de incentivos fiscales a los propietarios.
Bustinduy ha defendido utilizar los recursos públicos para aliviar la situación de las familias trabajadoras, para lo que ha defendido la propuesta de Sumar de prorrogar los contratos de alquiler que vencen en el año 2026 y 2027, lo que afectaría a 1,6 millones de personas este año y casi 3 millones hasta 2027.
"Es una prórroga automática que hace que todos los contratos se extiendan automáticamente en el nivel que tienen y, por tanto, que nadie vea cómo sus alquileres suben de manera abusiva hasta un 30, 40 o 50 por ciento dependiendo de la ciudad en la que estemos. Nadie pierde con esta fórmula", ha asegurado.
El ministro ha defendido la constitucionalidad de esta medida ante la magnitud de la crisis de la vivienda, cuya solución pasa por la "protección del derecho de los inquilinos a seguir viviendo en su casa" y no por "premios fiscales" a caseros.
En esta línea, ha asegurado que hay "margen" para negociar un decreto ley de intervención del mercado de la vivienda que dé soluciones a las personas trabajadoras en el país, pero que en ningún caso apoyarán el decreto ley anunciado ayer por Sánchez en los términos en los que se ha planteado.

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