miércoles, 4 de febrero de 2026 12:51

Economía

ATA alerta de "desprotección" y pérdida de ingresos por la menor base de cotización de autónomos colaboradores

La Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA) ha denunciado "el perjuicio y la desprotección" derivados de la rebaja de la base de cotización a autónomos colaboradores (familiares) y autónomos societarios, que deja un agujero de más de 500 millones de euros a la Seguridad Social entre lo que ha dejado de percibir de 2023 y lo que no percibirá de la regulación de 2024.
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El presidente de ATA, Lorenzo Amor.

La Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA) ha denunciado "el perjuicio y la desprotección" derivados de la rebaja de la base de cotización a autónomos colaboradores (familiares) y autónomos societarios, que deja un agujero de más de 500 millones de euros a la Seguridad Social entre lo que ha dejado de percibir de 2023 y lo que no percibirá de la regulación de 2024.

La base de cotización mínima para autónomos societarios en 2022 se establecía en 1.234,8 euros, por lo que al bajarla a 1.000 euros en 2023, la Seguridad Social ha dejado de ingresar casi 74 euros de cotización por cada uno de los 295.000 autónomos que han sido objeto de regularización, según ha señalado la organización.

Para los trabajadores por cuenta propia o autónomos que venían cotizando por una base superior a la que les correspondiese por sus rendimientos a 31 de diciembre de 2022, el Real Decreto-ley 13/2022 establecía un nuevo sistema de cotización y mejoraba la protección por cese de actividad, pudiendo mantener dicha base de cotización, o una inferior a esta.

Esta disposición, que provocó que a diciembre de 2022, sólo el 46,4% de los autónomos cotizase por la base mínima, pretendía evitar el perjuicio para aquellos autónomos que venían cotizando por bases superiores a la mínima y a sus ingresos con el fin de acceder a mejores pensiones y coberturas, antes de la entrada en vigor de la nueva regularización en enero de 2023.

En 2023 la Seguridad Social atribuyó a familiares colaboradores y autónomos societarios que no declararon ingresos o no constaban la base de 1.000 euros, causando para aquellos que ya cotizaban por bases superiores "graves consecuencias en sus trayectorias de cotización y el cálculo de sus pensiones", según señalan desde ATA.

Además del perjuicio de encuadrar a este colectivo en una base inferior por la que venían muchos de ellos cotizando antes de la entrada en vigor del nuevo sistema, ATA denuncia que no ha habido actualización de esta base debido a la ausencia de Presupuestos Generales del Estado para los ejercicios 2024 y 2025, ni tampoco actualización con el IPC de las bases del 2022 para los autónomos.

De los resultados de la regularización del ejercicio de 2023 se extrae que de los 3,7 millones de autónomos (que estuvieron de alta al menos 1 día en 2023), 463.504 autónomos -295.109 de ellos objeto de regularización por una base de 1.000 euros- no declararon rendimientos, o no constan, si bien, el porcentaje de los que no han presentado declaración de la renta solo asciende al 5,58% de estos.

Los colectivos donde se concentra el mayor número de autónomos de los que no constan rendimientos son: socios de sociedades de capital y laborales (115.987), familiares colaboradores (106.952) y resto de personas autónomas (207.457).

Además, desde la organización señalan que la aplicación del nuevo sistema perjudica especialmente a las mujeres, que son mayoría entre los colaboradores -el 56% en diciembre de 2023-, afectando a 27.000 colaboradoras que ya cotizaban por encima de 1.000 euros, reduciendo todavía más unas pensiones que ya eran más bajas que las de los hombres.

Así, la exclusión de autónomos y autónomas societarios y colaboradores sin rendimientos de la base de 2022 no solo "causa un grave perjuicio para la protección del colectivo", sino que, además, "incrementa le brecha de género en su cobertura efectiva", lo que, según el presidente de la organización, Lorenzo Amor, hace patente que "el objetivo del Gobierno no es el de mejorar la protección de las personas trabajadoras autónomas ni sus derechos sociales".

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