El Gobierno aumenta a 134 millones de euros el coste del rescate de la autopista quebrada R-4 de Madrid

El Gobierno ha calculado un coste provisional de 134,4 millones de euros por el rescate de la autopista radial R-4 Madrid-Ocaña (Toledo), una de las nueve autopistas que quebraron durante la crisis financiera y que actualmente gestiona el Estado.

Esta cantidad es superior a la indemnización de cero euros que calculó en un primer cálculo en 2021, tras tener en cuenta las sentencias del Tribunal Supremo de 2022 que dieron la razón a la concesionaria, cuando recurrió el primer cálculo por no aplicar el Gobierno correctamente la normativa.

Esta segunda resolución, publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), recoge lo que se denomina la 'Responsabilidad Patrimonial de la Administración' (RPA), que es el importe que debe pagar el Estado a los concesionarios de las vías por la inversión realizada en su construcción que aún no habían amortizado.

El primer cálculo ascendió a 181 millones de euros y este segundo cálculo complementario es de 281 millones. Sin embargo, como el Gobierno tendrá que asumir aún ciertos pagos en el futuro, derivados principalmente de las expropiaciones que se llevaron a cabo para construir la carretera, se retienen 146 millones, lo que resulta en un abono de 134,4 millones de euros.

Cuando se realizó ese primer cálculo, el Gobierno no abonó ningún importe, puesto que sobre esos 181 millones, retuvo 295 millones, por lo que el coste provisional fue de cero euros. En esta ocasión, sí ha procedido al desembolso, a la espera de una última resolución y los nuevos recursos que presenta la concesionaria.

El abono se produce después de que el Gobierno tuviese que asumir el control y operación de esa autopista, indemnizando a la empresa por las inversiones realizadas en la vía, que ahora forma parte del patrimonio del Estado. Se trata de una cifra aún provisional, pendiente de una definitiva que se publicará en los próximos meses.

En 2019 el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros la fórmula que usaría para calcular el coste de rescatar todas las autopistas que quebraron en la crisis, ascendiendo ya a más de 1.000 millones de euros.

En el caso de la R-4, el contrato fue impulsado por el Gobierno de José María Aznar en 2001 e inaugurada en 2004, adjudicándose a Ferrovial y Europistas (comprada después por Sacyr) por un periodo de concesión de 65 años. En 2012 entró en concurso de acreedores y hasta 2018 no fue rescatada, momento desde el cual ha recuperado el tráfico y sus cuentas económicas, ya bajo control estatal.

En el resto de autopistas quebradas, el coste del rescate asciende a 307 millones por la AP-7 Circunvalación de Alicante, 283 millones por la autopista AP-7 Cartagena-Vera (Globalvía y Ploder), a 119 millones por las radiales de R-3 y R-5 (bajo una única sociedad constituida por Abertis, Sacyr, ACS y Bankia), a 53 millones de euros por la AP-41 (Isolux Corsán, Comsa, Sando y Azvi), a 46 millones por la M-12 (OHL).