miércoles, 11 de febrero de 2026 16:41

Economía

Movimiento de Contribuyentes en Acción denuncia el desequilibrio en la relación con Hacienda

El Movimiento de Contribuyentes en Acción ha advertido este miércoles de que, a día de hoy, la relación entre la administración tributaria y el contribuyente ha alcanzado "su máximo histórico de asimetría".
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El Movimiento de Contribuyentes en Acción alerta del “máximo desequilibrio histórico” entre la Agencia Tributaria y los contribuyentes

El Movimiento de Contribuyentes en Acción ha advertido este miércoles de que, a día de hoy, la relación entre la administración tributaria y el contribuyente ha alcanzado "su máximo histórico de asimetría".

El Movimiento de Contribuyentes en Acción ha participado este miércoles en la mesa redonda "Contribuyente y Agencia Tributaria: una relación al límite", organizada por Madrid Foro Empresarial en el Centro de Negocios de Empresas Ibercaja.

A lo largo de la sesión se ha reflexionado sobre la evolución del modelo tributario español desde la aprobación, en 1998, de la Ley de Derechos y Garantías de los Contribuyentes hasta la situación actual, marcada por una creciente complejidad normativa, un aumento de los procedimientos de comprobación y una percepción de mayor conflictividad.

En su intervención, el presidente de Movimiento de Contribuyentes en Acción, Ignacio Basco, ha planteado que el análisis debe partir del espíritu que inspiró la ley de 1998, concebida para reforzar la posición jurídica del contribuyente y consolidar una cultura administrativa orientada al servicio y al respeto efectivo de las garantías.

Sin embargo, ha advertido de que ese equilibrio se ha ido erosionando de forma constante con el paso de los años: "Desde la aprobación de la Ley de Derechos y Garantías en 1998, los pasos que se han ido dando han conducido a un desequilibrio creciente", ha denunciado.

Para Basco, hoy la relación entre la administración tributaria y el contribuyente ha alcanzado su máximo histórico de asimetría. El presidente del Movimiento ha subrayado que el debate no es ideológico ni recaudatorio, sino institucional: se trata de analizar si el sistema mantiene un equilibrio real entre la potestad administrativa y los derechos individuales, garantizando proporcionalidad y seguridad jurídica.

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