La Eurocámara pide una estrategia para combatir la explotación laboral en la UE

El Parlamento Europeo ha reclamado este jueves una estrategia integral de la Unión Europea para combatir la explotación laboral, incluida la subcontratación abusiva, el trabajo ilegal y la intermediación fraudulenta, al considerar que estas prácticas vulneran derechos fundamentales y distorsionan la competencia en el mercado único.

Con 332 votos a favor, 209 en contra y 33 abstenciones, el pleno ha aprobado un informe en el que insta a la Comisión Europea a intensificar sus esfuerzos frente estas conductas que --subrayan los eurodiputados-- suponen una violación de los derechos de los trabajadores y de los derechos humanos.

Entre algunas cosas, el texto alerta de que la externalización de actividades empresariales principales puede generar entornos laborales fragmentados y menos seguros, con menor transparencia y rendición de cuentas.

Además, advierte de que las largas cadenas de subcontratación pueden exponer a los trabajadores a jornadas más extensas, salarios más bajos, mayores riesgos para la salud y la seguridad y una mayor precariedad.

Según el informe, atajar las prácticas ilegales en las cadenas de subcontratación no solo protege a los trabajadores, sino que también garantiza condiciones de competencia equitativas para las empresas que cumplen la normativa.

En este sentido, los eurodiputados subrayan la importancia de reforzar las relaciones laborales directas, especialmente en sectores de alto riesgo, y piden mejorar la cooperación entre la Autoridad Laboral Europea, Europol, las autoridades nacionales y los interlocutores sociales, con el fin de reforzar la aplicación de la legislación y la coordinación transfronteriza.

En el ámbito sancionador, el Parlamento advierte de que actualmente las personas sujetas a prohibiciones comerciales en un Estado miembro pueden eludirlas estableciendo empresas en otro país de la UE.

Además, apunta que, según datos de Eurostat, en 2023 se registraron 3.298 accidentes laborales mortales en la Unión y recuerda las advertencias de Europol sobre la infiltración del crimen organizado en la economía legal, señalando que el 86% de las redes criminales más peligrosas utilizan empresas legales --especialmente en los sectores de la construcción y la logística-- para facilitar la explotación y el fraude.

Por ello, reclama avanzar hacia el reconocimiento mutuo de prohibiciones comerciales y sanciones penales, así como garantizar que las sanciones por delitos laborales sean "efectivas, disuasorias y proporcionadas".