Díaz avanza que el diálogo social iniciará en 15 días las negociaciones para democratizar las empresas

Trabajo quiere dar voz a los trabajadores en las decisiones de las empresas y permitir su participación en la propiedad

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha avanzado en unos 15 días el diálogo social iniciará las negociaciones para emprender las reformas pertinentes con el objetivo de llevar la democracia en las empresas "por primera vez" desde la aprobación de la Constitución Española.

"Dieciocho Estados miembros tienen fórmulas de co-decisión, de voz y de participación en el modelo productivo europeo y es España realmente, la anomalía en la ubicación de la participación de la gente trabajadora en el seno de los lugares donde se toman las decisiones importantes en las empresas", ha expuesto Díaz en rueda de prensa tras llevar el informe elaborado por la Comisión Internacional de expertos y expertas de alto nivel sobre la democracia en el trabajo a Consejo de Ministros.

El Ministerio de Trabajo quiere desplegar el artículo 129.2 de la Constitución Española y dar voz a la gente trabajadora en las decisiones de las empresas, así como permitir la participación en la propiedad de los trabajadores, para lo que la ministra ya ha avanzado que impulsará una ley.

El informe, presentado a principios de febrero por el grupo de expertos de Díaz, plantea que los trabajadores tengan un tercio de los puestos en el consejo de administración en las empresas de entre 50 a 1.000 empleados y que supongan la mitad de los asientos en las empresas de más de 1.000 personas trabajadoras.

Para que los trabajadores participen más en la propiedad, el informe propone umbrales mínimos con un requisito legal de abrir el capital a la propiedad de los trabajadores al menos de 2% y con un mínimo del 10% en grandes corporaciones.

"No queremos con este proyecto de país cooperativizar las empresas mercantiles, lo que queremos es democratizar las empresas mercantiles y dar un paso adelante", ha expuesto Díaz en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

La titular de Trabajo ha recalcado que el 10% más rico concentra el 86% de los fondos empresariales. "Es un modelo, en términos democráticos, profundamente injusto. Lo que pretendemos es la democratización de las empresas como una solución, abordando nueve retos de época".

En esta línea, Díaz ha recalcado que en diez años se va a perder un tercio del tejido productivo de las pymes y los trabajadores autónomos y, con esta reforma, se busca entregar la propiedad de las empresas a los trabajadores para no perder ese tejido productivo "clave" para España.

Asimismo, ha indicado que el informe aborda los "retos de época" como son la emergencia climática, la inteligencia artificial y la generativa, para lo que se plantea que los comités de empresa formen parte del diseño de la estrategia, de la deliberación y de la negociación colectiva con un comité asesor específico para esta materia, así como otras cuestiones en relación a los derechos humanos, ambientales y democráticos.

"Incorporamos también algo que es muy importante para las economías sólidas y robustas, que son los fondos ciudadanos. En definitiva, algo que se está debatiendo en Europa, que es que podamos salvar empresas a través de la gente trabajadora, de los vecinos afectados o de los lugares en los que corran riesgos de deslocalizar estas empresas. Creo que esto es absolutamente necesario en España, va de democracia", ha concluido.

LOS EXPERTOS DE DÍAZ PROPONEN UN SISTEMA DE RECOMPENSAS
La Comisión Internacional de expertos y expertas de alto nivel sobre la democracia en el trabajo han planteado un sistema para evaluar el grado de democracia en el trabajo a través de un índice de desarrollo democrático corporativo basado en dos escalas que miden el acceso a la voz y propiedad de los trabajadores en las compañías.

De esta manera, cada empresa recibirá una calificación en cada una de las dos escalas (voz y propiedad) y dicha calificación servirá de mecanismo de incentivos "tipos bonus/malus" diseñado para recompensar niveles superiores de acceso y desalentar niveles inferiores.

Así, según se recoge en la propuesta, las empresas que alcancen altos estándares de gobernanza podrían ser recompensadas con tipos impositivos reducidos y prioridad en la contratación pública. Por contra, las empresas que mantengan modelos arcaicos y de alta fricción asumirían los costes que actualmente externalizan a los poderes públicos.

"A nivel empresarial, las empresas avanzarán a una trayectoria de democratización, con voz y propiedad. En pocos años los gobiernos podrán anunciar umbrales mínimos vinculados con una adaptación de los tipos impositivos y ayudas públicas. En 10 años, la economía española progresará de forma duradera en el cumplimiento de las promesas constitucionales", ha añadido.

Los expertos proponen también, entre otras cuestiones, fortalecer las normas de los comités de empresa, en particular en lo que se refiere a los derechos de información y consulta, un nuevo derecho de los comités de empresa a configurar y dar su consentimiento a la Inteligencia Artificial (IA), introducir a las personas trabajadoras en los consejos de administración con umbrales legales mínimos basados en el tamaño de la plantilla y nuevos umbrales mínimos para el acceso de las personas trabajadoras a la propiedad.