El Gobierno ultima una normativa para liberar la capacidad de las redes eléctricas y combatir la especulación

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ultima una nueva normativa para liberar la capacidad de las redes eléctricas y asegurar que las peticiones firmes -como, por ejemplo, para nuevas viviendas- puedan conectarse a la red y materializarse, según informaron en fuentes ministeriales.

En esta misma línea, añadieron que en las próximas semanas presentará un primer paquete para regular la conexión técnica de las demandas conectadas con electrónica de potencia, "para facilitar que cumplan el criterio dinámico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), evitar que destruyan capacidad de acceso en su entorno y, además, aflorar una capacidad relevante".

El gabinete dirigido por Sara Aagesen, que señaló que trabaja con la CNMC y el sector eléctrico, valoró que la publicación del mapa de capacidad de la red de transporte de electricidad por el operador del sistema -Red Eléctrica de España-, que ha desvelado que el 25% de los nudos tienen todavía capacidad para nueva demanda, "demuestra que España es un gran polo de inversión, gracias las políticas de los últimos años". "Contamos con energía limpia y competitiva, hay una buena situación económica y previsión de crecimiento, y tenemos talento y paz social", añadieron.

No obstante, el operador del sistema eléctrico también destacó que, desde 2022, fecha en que se aprobó la planificación vigente, se han otorgado 11,8 gigavatios (GW) de capacidad para nuevas demandas sin que ninguna se haya puesto aún en servicio. Disponen para ello de cinco años desde que obtuvieron el permiso. Así, el volumen de demanda con permiso, pendiente de conexión sólo a la red de transporte, supondría un incremento del 25% de la demanda actual del país.

En este sentido, las mismas fuentes del Ministerio subrayaron que "no hay saturación de las redes"; sino "un acaparamiento de permisos indebido y un efecto pernicioso de nuevos tipos de demanda, a las que es preciso exigir criterios de robustez para evitar que retiren capacidad a otros proyectos".

Por ello, estimaron que "muchos países querrían estar en la posición de España", pudiendo seleccionar los mejores proyectos, los que aporten más valor añadido con el menor impacto ambiental, por lo que apuntó la necesidad de "gestionar la abundancia para que dé los mejores frutos".

El Ministerio consideró que "el atractivo inversor de España es tal que desde 2020 se han concedido derechos de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución equivalentes a duplicar la demanda nacional en pocos años".

PRÁCTICAS DE ACAPARAMIENTO "ESPECULATIVAS E INACEPTABLES".
Así, las mismas fuentes advirtieron de que este gran volumen de peticiones ha limitado la capacidad disponible en las redes para conectar nuevos proyectos, "e incluso se han detectado prácticas de acaparamiento de derechos de acceso especulativas e inaceptables".

A este respecto, recordaron que el Ministerio viene actuando contra este acaparamiento de derechos de acceso, con medidas como establecer su caducidad a los cinco años o introducir la obligación de aportar el 10% del coste de las actuaciones necesarias en la red antes de se cumpla un año de la recepción del derecho de acceso.