Funcas pide más planificación y mejor coordinación entre administraciones en la inversión en infraestructuras

Apuesta por el mantenimiento de las infraestructuras ya existentes frente a nuevas inversiones y defiende el pago por uso en transportes

Las infraestructuras españolas se enfrentan a la necesidad de una mayor planificación a largo plazo, mejor coordinación entre administraciones, más colaboraciones público-privadas, eficiencia económica en las políticas de transporte y priorizar el mantenimiento de las ya existentes, según analiza Funcas este lunes.

Son algunas de las conclusiones que se extraen en el documento 'La economía de las infraestructuras en España: realidad, retos y recomendaciones', editado por Funcas y coordinado por Ginés de Rus y Carlos Ocaña, y que analiza la situación actual de las infraestructuras en España y los retos a los que se enfrenta.

Este trata asuntos como la planificación estratégica, la evaluación económica, las inversiones, la financiación o la participación público-privada, y se centra específicamente en los sectores transporte, energía, agua y telecomunicaciones.

Según el libro, y a partir de un comunicado del centro de análisis, los tres primeros comparten "la necesidad de una mayor planificación a largo plazo y mejor coordinación entre administraciones".

Además, el estudio enumera recomendaciones concretas: reforzar la planificación estratégica apoyada en el análisis económico, profesionalizar y ampliar el uso de colaboraciones público-privadas, crear un sistema de financiación con recuperación de costes, internalización de externalidades, priorizar el mantenimiento de infraestructuras existentes frente a nuevas inversiones, impulsar la resiliencia de las infraestructuras críticas y reequilibrar la composición del gasto público para concentrarlo en inversiones productivas.

EVALUAR COSTE Y BENEFICIO
Asimismo, enfatiza la "importancia" de mejorar la calidad institucional y la gobernanza de las infraestructuras y considera "indispensable" la evaluación rigurosa de beneficios y costes sociales, al afirmar que la inversión pública en infraestructuras compite con otras partidas presupuestarias, en salud, educación, dependencia o seguridad.

Respecto a los desafíos a los que se enfrentan las infraestructuras en el país, el análisis identifica la adaptación al cambio climático, la transición energética, la digitalización y la necesidad de reforzar la resiliencia frente a riesgos sistémicos, como apagones, sequías, inundaciones o ciberataques.

"En este contexto, las infraestructuras digitales emergen como un elemento transversal, indispensable para optimizar la gestión del resto de redes y mejorar la productividad", observa el laboratorio de ideas, dedicado a la investigación económica.

TARIFICACIÓN POR USO EN TRANSPORTES
En el desglose por sectores, los autores ven necesario en transportes reorientar la política hacia la eficiencia económica, la evaluación rigurosa de proyectos, la tarificación por uso y la consideración de los efectos territoriales, con la vista puesta en evitar "inversiones guiadas por criterios políticos más que por rentabilidad social".

Para telecomunicaciones, aunque reconocen que España se encuentra en una "posición avanzada" en infraestructuras digitales, alertan de "nuevos retos asociados a las externalidades de red, la concentración de mercado, la ciberseguridad y la creciente interdependencia con otras infraestructuras críticas", al tiempo que reclaman "arcos regulatorios que fomenten la competencia, la inversión y el acceso equitativo, evitando riesgos sistémicos y posiciones dominantes".

En energía, el documento advierte de riesgos procedentes de "una planificación insuficiente, como la inestabilidad del sistema o los apagones", ante lo que pide una regulación que incentive la inversión eficiente, internalice las externalidades ambientales y reparta adecuadamente los riesgos entre sector público y privado.

Finalmente, el análisis reclama "una gestión del agua basada en criterios económicos, ambientales y de equidad", con sistemas de precios que reflejen la escasez real, incentiven el uso eficiente y aseguren la sostenibilidad de las infraestructuras a largo plazo.

"Tras una década de fuerte inversión a principios de siglo, el ajuste obligado por la crisis de 2008 y planteado como temporal se ha convertido en estructural, con impacto en nuevos proyectos y en el mantenimiento y renovación de los existentes", plantea Funcas en su resumen de la situación de los últimos años.