Instituto Juan de Mariana y CEU-CEFAS calculan un coste anual de 90.000 millones por "hipertrofia normativa"

Instituto Juan de Mariana y CEU-CEFAS han calculado unos costes de más de 90.000 millones de euros anuales asociados a cargas administrativas, cumplimiento regulatorio, litigiosidad e inseguridad jurídica.

"España afronta un problema estructural de hipertrofia normativa que ya tiene efectos económicos cuantificables", se advierte en el informe ejecutivo 'Desenredar España', elaborado por el Instituto Juan de Mariana y el Centro de Estudios, Formación y Análisis Social (CEU-CEFAS), que analiza en profundidad las normas con rango de ley aprobadas desde 2018.

En el estudio se señala que la sobrerregulación constituye un problema económico y político de primer orden, con efectos directos sobre empleo, vivienda, inversión y competitividad, por lo que se propone convertir la desregulación en una política pública estructural basada en inventario, metodología y evaluación tecnológica rigurosa.

La auditoría examina 243 leyes orgánicas, leyes ordinarias, reales decretos-ley y reales decretos legislativos aprobados desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno. El resultado concluye que 204 normas --el 84 % del total-- serían susceptibles de derogación total o reforma profunda "por su carácter innecesariamente intervencionista, deficiencias técnicas o débil justificación funcional".

El informe sitúa esta revisión en un contexto de acumulación normativa sostenida. Entre 1978 y 2021 se aprobaron en España 411.804 normas, a las que se sumaron otras 11.775 en 2022, consolidando un ritmo superior a 30 disposiciones diarias, lo que equivale a una nueva regulación cada 45 minutos. Según el informe, esta acumulación ha incrementado la complejidad jurídica y ampliado la discrecionalidad administrativa.