PP, Vox y Junts desdeñan la ley de Sumar para prohibir los despidos en deslocalizaciones de empresas

El PP, Vox y Junts, formaciones que suman mayoría absoluta en el Congreso, han desdeñado este martes una proposición de ley que ha presentado Sumar en la Cámara Baja para prohibir los despidos colectivos a las empresas que trasladen su actividad industrial, productiva o de negocio a territorios que no formen parte de la UE o el Espacio Económico Europeo.

Además de la prohibición de despidos, la propuesta legislativa de Sumar defendida en tribuna por la portavoz en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, obliga a las compañías a devolver las ayudas públicas recibidas en los cuatro años previos, aparte de permitir la participación de los sindicatos en las discusiones y acuerdos que se alcancen en los procesos de venta o transmisión de empresas y unidades productivas.

"Basta de trampas, basta de fraude con dinero público. El dinero público, el dinero de todas y de todos ha de estar para proteger el empleo y para sostener y crear industria, no para financiar cierres y deslocalizaciones", ha aseverado la portavoz del grupo plurinacional.

EL PP DENUNCIA QUE ES "DESPROPORCIONADA"
La diputada del PP María Isabel Prieto ha denunciado que la propuesta es "desproporcionada" para las empresas, supone una "injerencia" en la capacidad de organización de las empresas y "más obligaciones y cargas burocráticas" en su funcionamiento.

Asimismo, Prieto ha enfatizado que una reforma como la presentada requiere de un acuerdo dentro del diálogo social: "Lo que tienen que hacer es dejar trabajar a las empresas y crear las condiciones para mejorar los derechos de los trabajadores", ha remachado la diputada.

El diputado de Vox Juan José Aizcorbe ha apuntado que aunque el objetivo de la propuesta puede ser "loable", esta incluye instrumentos que pueden introducir "rigideces que acaben debilitando al tejido productivo que buscaba proteger".

En concreto, ha desdeñado la obligación de devolver las ayudas públicas, pues considera una medida "muy amplia" que puede penalizar decisiones empresariales legítimas, y ha criticado que la iniciativa sólo contemple el caso de deslocalizaciones a terrenos fuera de la UE: "Para un trabajador gallego cuya fábrica cierre, el perjuicio será idéntico si la producción se traslada a China o si lo hace a Alemania, Polonia o cualquier otro estado miembro del mercado interior", ha argüido.

Por parte de Junts, el diputado Josep Maria Cervera ha deslizado la idea de que su grupo no apoyará la admisión a trámite de la propuesta por los "incumplimientos" del Gobierno con Cataluña. Asimismo, ha criticado a Sumar por tener la "mirada míope" a la hora de defender al trabajador, de manera que "con el comodín de la protección del trabajador", hacen que el marco normativo "sea más rígido".

PSOE, PNV, BILDU, ERC, PODEMOS Y BNG, A FAVOR
Durante el debate de la iniciativa, la diputada del PSOE María Luisa Sanz Martínez ha asegurado que valora "favorablemente" la proposición de ley, pero ha apuntado que la Ley de Industria del Gobierno va "mucho más allá" del contenido de la iniciativa de Sumar.

En su opinión, la propuesta del Ejecutivo que lleva pendiente de aprobación desde la legislatura pasada y que el Gobierno ha sacado de la lista de normas imprescindibles para recibir fondos europeos no sólo pretende paliar los efectos de la deslocalización, sino que también busca mantener y proteger la actividad ya existente y atraer nuevos proyectos, favoreciendo así el empleo y la cohesión social y territorial.

La portavoz económica del PNV, Idoia Sagastizabal, ha avanzado su apoyo a que se debata la propuesta en el Parlamento alegando que en Francia y Alemania hay medidas similares y comparten el espíritu de que cuando se destruyen puestos de trabajo el Estado "no puede ser un espectador pasivo".

El portavoz económico de EH Bildu, Oskar Matute, también ha avanzado su apoyo a la iniciativa, pero ha instado a ser más ambicioso con la devolución de ayudas públicas y que las empresas que abandonen un territorio devuelvan las ayudas que hayan percibido en la última década, no cuatro años como la propuesta de Sumar.

Tanto el diputado del BNG, Néstor Rego, y el de Podemos, Javier Sánchez Serna, también han dicho que apoyarán la admisión a trámite de la propuesta, aunque consideran que se queda un poco "escasa" y debería ser más severa contra las empresas que deslocalizan su actividad.

De su lado, el portavoz de asuntos laborales de Esquerra Republicana (ERC), Jordi Salvador, ha avanzado el voto favorable de su grupo a la ley para terminar con el "abuso de poder" y el "feudalismo moderno" que ejercen las empresas en estos casos.